Se trata de un interno que se encuentra cumpliendo altas condenas que cumplirá en el año 2072, por lo que debe ingresar a un establecimiento con adecuadas condiciones de seguridad. Tampoco puede ingresar a una unidad carcelaria con una tasa de sobrepoblación que supera el 142%.
La contradicción es un vicio de la sentencia de carácter puramente semántico que se produce cuando en el relato fáctico se plasman elementos que, por ser antitéticos, resultan incompatibles entre sí, produciendo una laguna en la fijación de los hechos.
Los planteamientos de la defensa implican una nueva valoración de la prueba, lo que es ajeno a la naturaleza de este arbitrio, refiere el voto en contra.
Para que surja responsabilidad extracontractual es preciso que además de daño exista una actuación positiva o negligente y la concreción de nexo causal entre dicha acción y el evento dañoso.
También se refiere a la forma de proceder de las Contralorías Regionales en los casos de falta de probidad administrativa que conozcan -que eventualmente pueden ser calificados como ilícitos penales-.
Las implicancias de un Estado social de derecho no son únicas en cuanto a cómo se proveen los derechos sociales. Por el contrario, los países se organizan de manera diferente, en base a consideraciones particulares. Lo anterior no significa “constitucionalizar” una u otra forma de organizarse, pero tampoco desconocer los riesgos que implica desconocer el aporte privado en ámbitos como la educación y la salud en la historia de Chile.
La iniciativa no pretende aumentar las penas relacionadas con el exceso de velocidad, sino precisar lo relacionado con lo que se entiende por sobrepasar en 60 kilómetros por hora los límites fijados.
El reclamante alegó diversos vicios en que habría incurrido la Comisión Evaluadora durante la evaluación de los oferentes, descartándose por el tribunal infracción de las bases de licitación.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de San Fernando estimando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En el fallo de primera instancia se había decretado esta medida cautelar solo por peligro de fuga.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Policía Local de Lebu.
