La Ley de Refugiados exige una mínima coherencia en el actuar de la autoridad policial, ordenando un control razonable sobre la persona que invoque la condición de refugiado al ingresar para país.
El requerimiento señala que las irregularidades vinculadas a dilatar la dictación del acto administrativo de invalidación, tuercen el objeto de la función de dirección y administración de la Municipalidad.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que la pandemia del Covid-19 exige tomar decisiones coordinadas, sobre todo en un intento por resolver los inevitables conflictos federales, sociales y económicos existentes, la gravedad de la situación vivida requiere la toma de medidas coordinadas encaminadas al bien común.
La resolución señala que, la salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos. Sufriría un deterioro que le llevaría a suicidarse, dada la determinación que le provocan sus trastornos autistas
El artículo 39 letra ñ) del DL N° 211 permite a la FNE suscribir acuerdos extrajudiciales con las empresas que son investigadas, siempre que tales acuerdos cautelen la libre competencia en los mercados.
El Tribunal de alzada condenó a Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Juvenal Piña Garrido, Rolf Wenderoth Pozo y Manuel Carevic Cubillos a 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores de los delitos de carácter de crímenes de lesa humanidad.
La causa se inició por la denuncia ingresada por capitán de Carabineros, quien denunció que las integrantes del colectivo, publicaron en redes sociales un video de un minuto y cuarenta y un segundos de duración, en el cual las denunciadas vestidas con overoles rojos, rostros cubiertos y una bandera negra, realizaron una performance en el exterior de diversas unidades policiales de la Prefectura de Valparaíso, gritando consignas en contra de la policía uniformada.
La decisión se adoptó el 29 de diciembre de 2020 y de acuerdo a los procedimientos del artículo 13 de la Ley 21.067 se solicitó informe a la autoridad requerida para lo cual se otorgó un plazo de 15 días hábiles.
El Tribunal acogió la acción de tutela interpuesta y declaró que el demandante fue objeto de discriminación al no habérsele pagado de manera íntegra las indemnizaciones por término del contrato de trabajo.
La SMA cursó la sanción luego de reanudar el procedimiento sancionatorio que había iniciado contra la empresa -tras recibir una denuncia y realizar actividades de fiscalización en terreno-, una vez que declaró incumplido el programa de cumplimiento presentado por Quinta S.A.
