El artículo 2 N°28 de la Ley N°20.720 hace aplicable las reglas comunes del juicio civil a aquellos procedimientos accesorios al concurso, en relación con el artículo 157 de Código de Procedimiento Civil.
Las prohibiciones de ingreso contempladas en la norma, tienen su fundamento en el resguardo del orden público y la seguridad de las personas.
Pese a que la actora obtuvo una sentencia favorable, la negativa del juez de verificar la existencia de un presunto error y de corregirlo, se convirtió en una traba irrazonable para que la decisión pueda ser cumplida toda vez que, contrario a lo señalado por la judicatura, por la naturaleza del error, de existir este sí podía ser subsanado, conforme a la ley.
Juzgado de Familia puso en riesgo de manera ilegítima la libertad personal del amparado, por lo que ordena que se realice una nueva liquidación.
El Estado ha faltado gravemente al deber que le asiste de entregar un servicio efectivo y no respetar la voluntad de sus derechos reproductivos, que, por lo demás, representa una preocupación del Estado de Chile plasmado en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.
Igualmente, garantiza la propiedad del afiliado respecto de cotizaciones adicionales u aportes previsionales que la ley disponga de cargo del empleador con ocasión de la relación laboral entre éste y el trabajador, sin que la ley pueda disponer otro destino.
Las personas que presentan algún tipo de discapacidad y están alojadas en la cárcel, se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, que exige una garantía reforzada para asegurarles el ejercicio de sus derechos y protección de su dignidad en condiciones de igualdad.
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Temuco, que confirmó aquella de base que rechazó la exclusión de crédito de un proceso de liquidación concursal. Se presentó la solicitud de liquidación voluntaria de bienes en procedimiento concursal. Uno de los […]
La declaración permitió esclarecer un robo ocurrido al interior de un inmueble en la ciudad de Arica, y fue efectuada de forma voluntaria por el particular, quien posteriormente también sería procesado por su participación en el hecho.
Además, aumenta la pena del delito de amenazas e injurias proferidas en contra de las Policías.
