El Tribunal de alzada confirmó con declaración la sentencia impugnada, dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad de las demandadas en el deceso del paciente por el mal tratamiento brindado a cuadro de apendicitis.
Ni el medicamento solicitado, ni sus principios activos, han sido evaluados por el ente especializado, el Instituto de Salud Pública. Por lo mismo, no es posible adelantar juicio sobre su efectividad.
La víctima cayó a las aguas debido a la falta de mantención de una vereda, debajo de la cual circula un canal de riego, y a la que le faltaba un segmento de la loza de cemento por la que habitualmente circulan los transeúntes del sector.
El fallo no proporciona los elementos necesarios para seguir su razonamiento, pues éste se funda en inferencias no explicitadas, extraídas de medios de prueba cuya interpretación no es unívoca, de modo que podrían igualmente llevar a conclusiones diversas de las que les asignó el tribunal.
Los beneficiarios fungen como virtuales presidente y vicepresidenta, y en dichas calidades representarían el más alto mandato político del país. En ese sentido, esta Comisión estima que el grado de protección que se brinda a través de los esquemas de seguridad deben ser ponderados de cara a los factores riesgos a los que se encuentran expuestas las personas propuestas beneficiarias dado su actual perfil, situación alegada y actual contexto.
Este tribunal, que no recibió directamente la prueba, no puede volver a valorarla, ni emitir pronunciamiento sobre cuestiones de hecho concernientes a la materia sobre la que se ha litigado si no se acredita infracción a las reglas de valoración de la prueba.
El máximo Tribunal condenó al pago a la empresa estatal luego de razonar que la determinación del lucro cesante es un juicio de probabilidad en atención a la pérdida patrimonial que experimentaron los demandantes, en función de todo lo que dejaron de percibir debido a la enfermedad profesional.
La opción por la tributación conjunta tomada por los padres, aun siendo beneficiosa para ellos, podría ser perjudicial para el hijo menor de edad. Y la legislación tributaria no contempla ningún medio para solucionar este posible conflicto de intereses.
No consta que el órgano hubiere acompañado antecedentes suficientes que acrediten la forma en que la entrega de lo solicitado afectaría el privilegio deliberativo de la Subsecretaría, así como tampoco, el debido funcionamiento del órgano.
No es posible soslayar que la solicitud de cambio de local llevaba en tramitación, sin ser resuelta, por el término de dos años, al momento de formularse los cargos.
