Norma que faculta al juez de policía local a fijar el monto de la indemnización por el equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la o las facturas si no se entrega la constancia del recibo de las mercaderías, se declara inaplicable por el Tribunal Constitucional.
Su aplicación resulta contraria al principio de proporcionalidad, al debido proceso y al derecho de propiedad.