El fallo declaraba inconstitucionales y nulos determinados disposiciones de resoluciones de dicho Parlamento.
El recurrido decretó expulsión por ingreso clandestino sin que previamente exista una condena, al haberse desistido la Intendencia de la denuncia por dicho ilícito.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.
El Tribunal de Alzada indicó que la solicitud del recurrente no mereció reproche de ilegalidad o arbitrariedad alguna, no concurriendo en la especie el primero de los presupuestos previstos en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental que permitan hacer lugar al recurso.
Tanto en relaciones comerciales con otros organismos públicos como con privados.
El Tribunal de Alzada indicó que, no habiéndose expedido el Decreto Supremo que resuelva la concesión ni el respectivo contrato, solo existió una mera expectativa del recurrente, que no constituye derecho.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 3 inciso quinto y 24.
El ente contralor añadió que para el cómputo de la duración de la carrera que da origen al título profesional de pregrado, podrán sumarse los estudios de post grado realizados por el mismo candidato.
La Corte indicó que, el principio de la doble instancia, según la jurisprudencia de esta Corporación, no tiene un carácter absoluto, en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial debe ser susceptible de ser apelada o consultada.
La Corte de Puerto Montt expresó que, resultó necesario concluir que la víctima del fraude fue el recurrido y no el recurrente.
