A raíz de esta prohibición se tipifica un nuevo delito que castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes utilicen estas sustancias para realizar cirugías estéticas. Las clínicas y profesionales que deseen llevarlas a cabo deberán estar previamente habilitados.
La principal diferencia con la precisión es que la integralidad requiere no sólo la mención, sino que se haya valorado racionalmente, es decir, mientras la precisión impone la enumeración de la totalidad de la prueba rendida, la integralidad exige que la decisión sea el resultado de una consideración cabal de ésta, que se dé a conocer por qué se restó valor probatorio a un medio de prueba mientras se otorgó valor a otro.
La vulneración del bien jurídico se concreta con el simple hecho del porte y transporte de la droga. En la especie, se intentó vulnerar incluso un lugar en que por sus características el ingreso de sustancias implica un mayor desvalor de la conducta para el legislador.
La pretensión del recurrente equivale a alegar que no se pudo llegar al juzgado por un desperfecto técnico del vehículo y exigir la nulidad del acto llevado a cabo.
La sentencia destaca que la SMA no incurrió en ilegalidad al no considerar la interacción de la barrera vegetal respecto de otros componentes ambientales, debido a que las medidas incumplidas por Eletrans fueron establecidas para el componente paisaje, según expresamente lo establece la RCA del proyecto; sin que consten antecedentes que den cuenta de la afectación a otro componente del medio ambiente.
En ambos casos, se les imputa a las empresas no reducir su operación, según lo aprobado en sus Planes Operacionales para los períodos de Episodios Críticos en la bahía, ocurridos en marzo y abril de 2023.
La Comisión Desafíos de Futuro solicitó al Ejecutivo patrocinar diversas materias que fueron propuestas por especialistas. En la oportunidad, el senador Chahuán dejó la presidencia de la instancia y fue reconocido por sus pares.
Las zonas, vías, calles o caminos en las que se instalen los dispositivos automatizados, fijos o móviles, deberán estar señalizadas. Deberá entregarse información clara y precisa a los conductores sobre su ubicación.
La tramitación electrónica se transformó en una herramienta fundamental que permitió adaptarse a las condiciones sanitarias que la pandemia de Covid-19 trajo consigo, para dar cumplimiento a la obligación constitucional de dar continuidad al acceso a la justicia constitucional.
El trabajador intentó revertir su desvinculación mediante una denuncia de tutela de derechos fundamentales, al cuestionar el proceso de evaluación docente que culminó con el término anticipado de su contrata, acusando que fue juzgado por una comisión especial, en circunstancias que siempre pudo ejercer las acciones que la ley le otorgó en el proceso de calificación.
