Imputada por el Ministerio Público como autora del delito de poner en peligro la salud pública, al omitir la aplicación de protocolos al interior de la repartición, citar a a puntos de prensa, sin tomar los resguardos sanitarios para prevenir los contagios por covid-19.

La sentencia indica que aun cuando el banco demandado pretende excusarse basado en la responsabilidad que recae sobre el cliente en el uso y custodia de claves personales lo cierto es que de los antecedentes aparejados a los autos constan circunstancias que llaman la atención y que llevan a desestimar las justificaciones de la entidad bancaria.

El Tribunal de alzada rechazó la acción presentada por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, tras descartar que la información solicitada tenga carácter de reservada, menos si quien la pide es su titular.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre del presente año, en la población Francisco de Aguirre de Copiapó, lugar en el cual el imputado habría golpeado con un perfil de aluminio en el cráneo a su perra mestiza pastor alemán, de nombre Luna.

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo había ratificado las sanciones aplicadas por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

El voto de la mayoría señala que los Ministros comparten como fundamento de su decisión el pleno ejercicio del derecho a defensa de las personas privadas de libertad.

En el ámbito de las facultades que le confiere el artículo 4° de la Ley 18.883.

La gestión pendiente incide en recurso de amparo, de que conoce la Corte de Santiago.

Al no hacerlo debió recurrir para impugnarlas al procedimiento del artículo 503.