La sanción impugnada fue practicada por autoridad competente, en los casos y la forma que establece la ley sin que se divise la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que deba enmendarse mediante acción de protección.
Pasan a ser inhábiles las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el sexto grado de consanguinidad y cuarto de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulen.
Esto, a propósito de consulta efectuada por la Universidad de Antofagasta.
El recurso de protección permite darle aplicación solo a derechos de carácter indubitado que hayan sido amagados por un acto ilegal o arbitrario, no constituye una instancia de declaración de derechos.
El alcalde recurrente explica que, la sentencia del TER debe dejarse sin efecto, oponiendo para ello excepción de prescripción de la responsabilidad administrativa.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que la normativa viola la competencia privada del Estado Federal para legislar en Derecho Civil.
El plazo establecido en la Ley N°21.256 es insuficiente, considerando que los comerciantes y los pequeños empresarios deben contar con una infraestructura computacional y red de conectividad a internet que les permita realizar trámites electrónicos, lo que es complicado en los lugares apartados de nuestra geografía.
La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso, por recurso de nulidad.
La demanda se dirige en contra de la EST ADECCO y de la empresa usuaria Agrícola Ballerina Chile Limitada, de manera solidaria.
Al recurrente le fue aplicada una sanción mediante resolución fundada dictada por autoridad competente en conformidad al Reglamento de la Institución.
