Al no apreciarse un conflicto constitucional suficiente y adolecer el requerimiento de falta de fundamento plausible.
No puede deducirse que la empresa demandada haya cumplido las exigencias legales y jurisprudenciales a las que se ha hecho referencia para destruir los indicios de vulneración de derechos fundamentales aportados de contrario. Ha de concluirse que se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación del trabajador.
Tampoco en caso que la audiencia haya sido solicitada por funcionarios públicos a título personal o en representación de un gremio, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.
La requirente alega que esta prescripción de corto plazo es arbitraria y atenta contra la igualdad ante la ley, el derecho de acceso a la justicia, propiedad, entre otras garantías.
Si el despido nulo tiene como consecuencia restaurar la relación extinguida con obligación de readmisión y abono de los salarios dejados de percibir, no vemos óbice alguno para que no se le abone la prestación de la seguridad social, por cuanto en el presente caso ha habido acuerdo de transacción homologado judicialmente en virtud del cual la empresa reconoce que el despido era nulo y la readmite.
El texto legal establece la imprescriptibilidad de los delitos en materia civil, cuando hayan posibilitado la adquisición de los bienes confiscados. Tras su incautación deben ser vendidos para contribuir a financiar el gasto público. Algunas ONG han mostrado escepticismo pues perciben que será utilizada para atacar a opositores y adversarios políticos.
El requirente traslada la falta de motivación y la desproporción que atribuye al sentenciador del fondo al precepto legal que regula la multa, transformándola en un requerimiento de inaplicabilidad, lo que ya es motivo suficiente para desestimarlo porque sigue siendo, al fin y al cabo, un cuestionamiento a la decisión adoptada por el TDLC que debe ser revisada por la Corte Suprema.
La valoración prudencial de las circunstancias destacadas permite reflexionar que la disposición de una medida de seguridad, dictada con carácter transitorio, no resulta determinante -por sí misma- para sostener que el centro de vida de las adolescentes haya cambiado. En la actualidad su centro de vida continúa siendo el lugar donde se encuentra su núcleo existencial, esto es en Córdoba.
La resolución considera indispensables las campañas informativas sobre la existencia de este cáncer, factores de riesgo y la forma en que se puede realizar su detección. En este marco, se insta también a impulsar planes de detección temprana y prevención en los establecimientos educacionales.
El litigio se inició luego que Disney se opusiera a la ley “Don’t Say Gay”, que prohibió la enseñanza de temas de género en las escuelas primarias. Ello motivó que el gobernador interviniera la junta que administra el distrito especial conferido hace décadas a la compañía.
