La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Pica y Jaramillo (s) quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la LOCTC, esto es, los preceptos impugnados no resultarán decisivos en la resolución del asunto.

La recurrida no tuvo en cuenta la situación familiar del actor, el cual se encuentra amparado por el artículo 74 del Estatuto Administrativo, que tiene como fin último evitar alejar a funcionarios que tengan vínculo familiar con residencia en la misma localidad que sean separados por actos de la autoridad administrativa.

Con todo, declaró que la recurrida debe ajustar su actuar a futuro a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, que consagran la importancia de la continuidad de los estudiantes con discapacidad en el sistema de educación y la implementación de los ajustes que deben realizar las casas de estudios

Las restricciones practicadas fueron aplicadas en conformidad al capítulo 1-14 de la Recopilación de Normas dictadas por la SBIF, que señala que en el caso de operaciones no habituales de un usuario, el banco debe exigirle una declaración sobre el origen de los fondos retirados y acompañarla con documentación que la sustente.

La convalidación del despido exige la concurrencia copulativa de los requisitos señalados en el inciso sexto del artículo 162 del Código del Trabajo.

En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que es preciso aplicar el principio de solidaridad entre las entidades federadas en relación a las demandas relacionadas con los servicios públicos prestados a refugiados y / o migrantes extranjeros al territorio nacional.

Decretado el pago de alimentos, el alimentario acreedor se entenderá subrogado, por el solo ministerio de la ley en los derechos del alimentante deudor que no haya solicitado voluntariamente el retiro de fondos previsionales.

Esto, a propósito de solicitud del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

El Supremo argentino concluyó que, por las características de la revista, la portada cuestionada no resulta lesiva del derecho al honor de la actora, dado que constituye una crítica política que no excede los límites de la protección que la Constitución Nacional otorga a la libertad de expresión.

El Tribunal de alzada no advirtió contravención alguna a las reglas de la sana crítica que disciplinan la ponderación de la prueba.