El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional que buscaba el retorno del amparado al Centro Penitenciario de Nueva Imperial, tras establecer que se mantiene la necesidad de cautela y que no se vislumbrar que la resolución cuestionada haya vulnerado derechos fundamentales, como la libertad personal y seguridad individual del amparado, en los términos planteados por la defensa.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictado por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la excepción de prescripción argüida por el Fisco, tras establecer que el demandante fue víctima de crimen de lesa humanidad.

El Minsal presentó indicaciones a la norma, las que fueron consideradas ‘insuficientes’ por la Comisión de Salud. Los congresistas proponen incluso, la suspensión del ejercicio de la profesión.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la multitienda al emprender reiteradamente por una década, acciones de cobranza, afectando con su actuar irracional y desproporcionado la integridad síquica de la recurrente.

Estima que se vulnera y atenta contra su dignidad, ya que los hechos denunciados dentro de la agrupación de scout nunca fueron objeto de formalización ni menos se dictó en su contra sentencia condenatoria.

Pese a que el formulario ingresado por el solicitante éste lo plantea a modo de preguntas, estas encuentran respaldo en documentación pública que el municipio posee, y que no puede negarse infundadamente a proporcionar.

De esta forma, el tercerista da cumplimiento al artículo 2478 del Código Civil, al asumir la carga probatoria de acreditar la ausencia de otros bienes para asegurar el pago de su preferencia.

Por imperio legal, no es dable apartarse del rango porcentual prescrito por la norma. Sin perjuicio de lo cual, debe apreciarse el valor, motivo, extensión y calidad jurídica del trabajo desarrollado y complejidad del asunto, a los efectos de justipreciar adecuadamente sus honorarios dentro de los alcances que el articulado prevé.

Los jueces de segundo grado consideraron interrumpido el plazo de prescripción de la acción cambiaria interpretando erróneamente la hipótesis del artículo 8 de la Ley N°21.226, porque el litigio se inició con anterioridad a la vigencia del estado de catástrofe.

La recurrente acusó infracción de las normas relativas a la prescripción de las acciones, debido al incumplimiento de una obligación condicional de la cual dependía la celebración de un contrato prometido, no obstante, no denunció la infracción al artículo 1473 del Código Civil, que establece cuando una obligación es condicional. Omisión que no puede ser subsanada por tratarse de un recurso de derecho estricto.