Se estableció el estado de riesgo vital en que se encontraba la paciente y que llevó a su hospitalización de urgencia en la Clínica Dávila, la que era coherente con su diagnóstico de ingreso.

Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La opinión del joven debe valorarse de conformidad al principio de autonomía progresiva, toda vez que ejerce por sí mismo sus derechos a medida que desarrolla un mayor nivel de autonomía personal.

El requirente estima que los preceptos impugnados contravienen el principio non bis in ídem y, además, no garantizan un debido proceso.

Durante la ampliación del beneficio la recurrente tendrá derecho al pago total de su remuneración.

Es responsabilidad de la Administración mantener sus bases de datos actualizadas e impedir medidas de gestión que vulneren derechos.

Los recurrentes solicitaron el desalojo de los ocupantes ilegales del inmueble y la presencia de personal policial, con el fin de resguardar el inmueble.

La requirente alega que la normativa impugnada amplía lo que debe entenderse por información pública más allá de lo que autoriza el texto constitucional.

En procedimientos de desalojo las autoridades deben adoptar acciones para proteger el goce efectivo del derecho a la vivienda de la población ocupante, pues son sujetos de extrema vulnerabilidad.

La conducta de la recurrida se torna arbitraria e ilegal y afecta las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución.