La libertad de creencias se infringe no solamente cuando se impide la profesión pública de una religión o de otro tipo de convicciones o creencias, sino también cuando, permitiéndose dicha profesión pública, la persona afectada sufre una limitación injustificada de sus demás derechos e intereses legítimos por causa de su religión o sus creencias.

El tribunal de base no consideró un acta de conciliación suscrita entre las partes luego de la audiencia preparatoria y antes de la audiencia de juicio, en circunstancias que el Código del Trabajo permite aplicar supletoriamente las reglas del Libro II del Código de Procedimiento Civil.

La notificación del libelo no ha tenido la virtud de interrumpir el término de prescripción de la acción, que a ese entonces ya había transcurrido íntegramente.

El máximo Tribunal ordenó retrotraer la causa al estado de recibir a prueba la impugnación del acuerdo, pues la decisión inicial del juez de base vulneró el debido proceso del impugnante y su derecho a presentar pruebas en juicio.

La justicia ordinaria conserva la competencia para conocer de delitos cuando no tengan relación con la delincuencia organizada o con la corrupción. Si existieran conflictos de competencia que surjan entre los juzgadores en razón de la materia, el ordenamiento jurídico prevé las reglas y mecanismos para resolverlos.

La resolución aprobada pide que se instale en todo el territorio nacional la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, de la PDI. La idea es potenciar las diligencias policiales en estas áreas.

La resolución aprobada por la Sala busca brindarles a estos niños un mayor nivel de contención maternal en sus primeros años de vida.

El máximo Tribunal estableció error de derecho en la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió la acción constitucional de amparo al considerar que para procesar a alguien mayor de 70 años se requiere la realización previa de exámenes mentales.

El Tribunal acogió la acción al establecer la responsabilidad de la empresa al no cumplir con su obligación de otorgar al trabajador medidas de seguridad para cumplir sus funciones.

El Tribunal de alzada acogió el reclamo al establecer que la información sobre licencias médicas del personal del servicio reclamante tiene el carácter de reservada.