Las expresiones que reprocha el actor no constituyen una funa o actos injuriosos, pues del tenor literal de ellas no es posible determinar que se dirijan en su contra o en detrimento a su labor profesional.
La recurrente arguye que los hechos denunciados constituyen una sanción anticipada, sin un debido proceso que permita verificar las imputaciones que pesan en su contra, las que sostiene son falsas y pretenden su descrédito.
La Ley N°21.226 eximió del cumplimiento de la mediación previa obligatoria o cualquier otra exigencia que se tornare difícil de satisfacer, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe.
La iniciativa establece la obligación legal para que los edificios, establecimientos y espacios destinados al uso de público, o que impliquen la concurrencia de público, cuenten con áreas o espacios de descanso y asientos para personas que por su condición física o psíquica así lo requieran.
El establecimiento discriminó al niño al no permitir su continuidad y recomendar a la madre cambiarlo a un colegio municipal que contara con el programa de integración PIE.
Las publicaciones contendrían expresiones que podrían ser constitutivas de un ilícito penal o civil, lo que, de ser efectivo, corresponde dilucidar en el procedimiento legal respectivo.
El término probatorio es de carácter común para las partes y para transitar a la fase de prueba es menester notificar a ambas.
Si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, porque el afectado por la prisión preventiva fue absuelto, no puede exigírsele que simplemente se conforme con esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado.
El requirente alega que se le impide defenderse de una ejecución injusta, vulnerando sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.
La actitud de dictar una resolución agregando requisitos no contemplados en la ley, para acceder al bono de desempeño que contempla la Ley N°20.240, contraviene su derecho de igualdad ante la ley.
