En sentencia del año 2009 se condenó al país por un caso de desaparición forzada, y se identificaron importantes falencias en su legislación relativa a este delito.
Toda interpretación que limite de alguna manera el acceso a un pronunciamiento judicial de fondo que adjudique un derecho dubitado, aparece despojada de la razonabilidad y justificación, máxime en el contexto del Derecho del Trabajo por la especial relevancia que su rol protector impone.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales y desproporcionados.
Recurrente pidió ser reincorporado a la escuela de formación, pero sus antecedentes de conducta y participación en diversos pleitos constituyen un hecho grave que autoriza su expulsión de las aulas.
La iniciativa busca crear un nuevo criterio de razonabilidad para la SEC, la que al momento de aplicarlo invite a las empresas a reaccionar de una manera más eficiente al momento de enfrentarse a un siniestro reportado por los usuarios.
El plazo se vuelve a contar desde la fecha en que se notifica el acto que resuelve la reclamación o desde que ésta se entiende desestimada por el transcurso del plazo previsto para tales efectos.
No se advierte vulneración al derecho a la igualdad ante la ley en los términos denunciados por el requirente.
Los actos emitidos para el avance y sustanciación del proceso no pueden ser reclamados por la acción prevista en el artículo 17 N° 3 de la ley N° 20.600.
Tales certificados deben ser entregados exclusivamente a las personas que establece el ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de confidencialidad regulado en la Ley N°21.120.
La noción de “causa grave” como justificación de la solicitud de rendición de cuentas antes del término de la administración del tutor o curador no se encuentra definida en la ley, no obstante tratarse de una acepción utilizada en diversas normas del Código Civil.
