La Comisión de Constitución del Senado recibió a las ministras de Interior y de Defensa para conocer los alcances de la propuesta que, entre otras medidas, contempla herramientas para resguardar zonas fronterizas de manera temporal.
La Comisión de Minería despachó la iniciativa tras someter a consideración una indicación sustitutiva de Gobierno. Así se confirmó que los productores mineros que venden más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año, deberán pagar un impuesto ad valorem de un 1%.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, que rechazó con costas el reclamo judicial de multa interpuesto por la empresa en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia.
La Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la parte que estableció la responsabilidad del Estado por la falta de servicios en el actuar policial en el control de un manifestación pública, pero estableció error de derecho al conceder parcialmente lo pedido por concepto de lucro cesante.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco que denegó la solicitud del condenado, por no cumplir con los requisitos para acceder al beneficio.
La requirente estima que las sanciones aplicadas por la Corte de Apelaciones son desproporcionadas.
En consideración al tiempo transcurrido desde que se decretó el apremio de arraigo nacional contra el recurrente y encontrándose la causa sin movimientos hace más de diez años.
En el juicio ejecutivo de cobro de patente municipal los jueces de fondo sólo analizaron el certificado de deuda emitido por el Secretario Municipal, omitiendo el análisis de la prueba aportada por el ejecutado, que acreditaba que su actividad comercial era primaria, por lo que no estaba sujeta al gravamen pretendido por el municipio.
En el delito de sedición la incitación está completa una vez que se hace el enunciado. No es necesario que el delito que se incita se haya cometido efectivamente. Tampoco es necesario que se establezca que es razonablemente probable que se produzca el hecho delictivo que se ha incitado.
El requirente alegó que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
