Los problemas de salud mental no tratados pueden afectar la capacidad a la hora de mantener relaciones interpersonales; desempeñarse en su entorno y mantener una estabilidad en el trabajo, lo que resulta contrario al ideal armónico y constructivo que persigue la función pública.
Una vez que la víctima ha presentado un caso prima facie en el que se acredita la existencia de un trato diferenciado y discriminatorio por parte de una empresa, la carga de la prueba pasa al autor -en este caso, la empresa-, debiendo demostrar que no hizo tal distinción o que, en su caso, existió una justificación objetiva y razonable que amparara esta diferencia de trato.
La falta de toda flexibilidad por parte del Estado miembro puede imposibilitar la observancia de los plazos legales establecidos. Por consiguiente, la reagrupación familiar podría verse sometida a requisitos adicionales más difíciles de cumplir, contraviniendo el objetivo de la normativa europea de prestar una especial atención a la situación de los refugiados.
La justicia electoral desestimó el reclamo de nulidad electoral por falta de pruebas y condenó en costas al reclamante.
Al fin tenemos algo concreto. Este jueves se publicaron las más de 900 enmiendas ingresadas por los expertos para adicionar, suprimir o modificar las iniciativas de normas aprobadas en general y por unanimidad. El ambiente dentro de la Comisión es tenso: muchas de las indicaciones se contraponen entre sí o buscan cambiar lo pactado.
El Presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, recibió al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y confirmó que se citará a sesión especial para debatir y votar esta iniciativa.
La jueza aplicó una norma que no se encontraba vigente al momento de la emisión del fallo. Así, se evidencia la vulneración al derecho a probar de la actora, toda vez que los medios probatorios ofrecidos en su recurso de apelación no fueron admitidos en función a una norma derogada.
Los senadores Castro González, Macaya, Chahuán, Órdenes y Latorre apuntan a perseguir a quienes comercialicen fármacos en lugares no habilitados como también la falsificación de éstos.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario al aplicar la sanción, ya que la instalación fue autorizada por la municipalidad.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia que rechazó la demanda de reclamación administrativa que buscaba dejar sin efecto cuatro multas por el no pago de horas extraordinarias, no informar a los trabajadores los riesgos de sus labores y la forma correcta de su ejecución, no tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y por no suprimir los factores de peligro de aplastamiento por desprendimiento de material en la faena que terminó con vida de un trabajador. Las multas impuestas por el ente fiscalizador ascienden a un total de 160 UTM.
