El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia que rechazó la demanda, al considerar que le correspondía al demandante notificar a la aseguradora la incorporación del menor a la póliza, cuando es una obligación de la empresa contratante.

La Comisión de Mujer y Equidad de Género respaldó en general el texto -que responde a una moción de parlamentarias y a un mensaje- que avanza en un mecanismo permanente, expedito y efectivo que asegure el pago de la obligación parental. La instancia abrió un breve plazo para recibir indicaciones y perfeccionar la norma.

Se trata de una iniciativa que busca sistematizar todos los delitos denominados de «cuello y corbata», sancionando con cárcel la colusión, la extracción ilegal de aguas y lavado de activos, entre otros.

El imputado desde su domicilio y por medio de la cuenta de Instagram confesiones_institutodelmar22, realizó una serie de amenazas serias y verosímiles, a la directora y docentes del Instituto del Mar de Iquique, en las que exigía que un grupo de alumnos que se encuentran suspendidos y en proceso de expulsión –incluido él– fueran reintegrados al establecimiento.

El requirente alega que se le aplica una sanción de forma automática que ignora sus circunstancias particulares, afectando gravemente sus garantías constitucionales.

El derecho a la vida posee rango constitucional y es mayor en jerarquía a las normas de financiamiento invocadas por las recurridas.

Los actos quebrantaron la orden de sus superiores y las normas del estado de excepción por emergencia sanitaria.

El acto terminal debe orientarse a cumplir con los artículos 7, 8, y 9 de la Ley N°19.880, en relación con la igualdad ante la ley que le asiste al solicitante.

El requirente alega que impedir al Tribunal de Alzada pronunciarse sobre la solicitud de no innovar produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.

El artículo 84 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez para corregir de oficio los errores que observare en la tramitación del proceso, y adoptar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos procesales, rectificando de este modo los yerros en que se ha incurrido.