La sanción se justifica en reiterados hechos de especial gravedad como son atentados contra la integridad física y/o psíquica de otros miembros de la comunidad educativa, en particular compañeros y compañeras.
La Seremi de Educación cumple con el deber de resguardar el patrimonio fiscal al solicitar el reintegro.
Sí bien las pericias forenses no son vinculantes para el juez y la declaración de inimputabilidad comporta un juicio eminentemente jurídico, no se advierten razones valederas que, conforme las reglas de la sana crítica racional, obliguen a apartarse de las apreciaciones sentadas por las peritos forenses intervinientes.
Es una actuación efectiva para la prevención delictiva y para la detección de situaciones que exigen comparecencia judicial.
La doctrina del doble aspecto prescribe que el Parlamento y las legislaturas provinciales pueden dictar leyes en relación con materias que, por su propia naturaleza, tienen tanto un aspecto federal como un aspecto provincial. La regulación del consumo de cannabis tiene un doble aspecto, ya que puede abordarse desde la perspectiva del derecho penal y de la salud.
El recurrente cuestionó la interpretación que la magistratura militar efectuó de la palabra “licencia”, lo que fue desechado por el máximo Tribunal, al indicar que tal vocablo debe entenderse en sentido amplio incluyendo los permisos por motivos de salud, y no sólo los permisos administrativos especiales como pretendía el acusado.
Los problemas de salud mental no tratados pueden afectar la capacidad a la hora de mantener relaciones interpersonales; desempeñarse en su entorno y mantener una estabilidad en el trabajo, lo que resulta contrario al ideal armónico y constructivo que persigue la función pública.
Una vez que la víctima ha presentado un caso prima facie en el que se acredita la existencia de un trato diferenciado y discriminatorio por parte de una empresa, la carga de la prueba pasa al autor -en este caso, la empresa-, debiendo demostrar que no hizo tal distinción o que, en su caso, existió una justificación objetiva y razonable que amparara esta diferencia de trato.
La falta de toda flexibilidad por parte del Estado miembro puede imposibilitar la observancia de los plazos legales establecidos. Por consiguiente, la reagrupación familiar podría verse sometida a requisitos adicionales más difíciles de cumplir, contraviniendo el objetivo de la normativa europea de prestar una especial atención a la situación de los refugiados.
La justicia electoral desestimó el reclamo de nulidad electoral por falta de pruebas y condenó en costas al reclamante.
