La diferencia entre quienes pueden regularizar sus derechos en 18 meses o 5 años genera un problema para miles de personas, especialmente aquellas que habitan en el campo profundo y que tienen complicaciones para efectuar los trámites en los plazos requeridos.

La conducta de la autoridad de gobierno respecto a la demandante, expresada en un tuit supuestamente difamatorio, no se relacionó con sus actividades como ministro o parlamentario. Por lo que la negativa a levantar su inmunidad impidió el acceso de la actora a un tribunal, en contravención del artículo 6 del Convenio.

La Directiva 2001/83 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa nacional que prohíbe la inclusión, en la publicidad, destinada al público, de medicamentos no sujetos a receta médica ni reembolsables, de información que incita a la compra de medicamentos, justificando la necesidad de tal compra por su precio.

El plazo actual de regularización es de 7 años y expira en febrero de 2023. Ha sido objeto de sucesivas prórrogas debido a las dificultades que han surgido para llevar adelante los procesos de regularización.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra de hechos asentados por el tribunal del fondo.

Sobre los procedimientos contenciosos administrativos, la Corte Suprema ha advertido que la proliferación de los mismos, refrendada en un enorme cúmulo de reglas de procedimiento dispersas en el ordenamiento, conspira en contra de la igualdad y certeza jurídica, proponiendo que, a falta de tribunales especiales radicados en el Poder Judicial, debiera seguirse un procedimiento unificado, cuyos parámetros se expusieron en dicha ocasión.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.

A través de una resolución aprobada por la Sala de la Corporación, se busca establecer un programa permanente de apoyo a las pymes que deseen ingresar al mercado del gas.

Por medio de tres resoluciones, se plantea al Ejecutivo acciones que ayuden a disminuir los casos de cáncer gástricos y colorectales, así como de la fibromialgia, todas enfermedades de alto costo.

El fallo apuntó que “no existe duda que el derecho confiere acción para poner a salvo la memoria de la persona difunta frente a ataques u ofensas».