La facultad de la autoridad para expulsar cede ante razones humanitarias relacionadas con la protección de la familia, asentadas en normas de la Carta Fundamental y tratados internacionales, más si la autoridad se desistió en su oportunidad de la denuncia por haber aquella ingresado al país de modo irregular

La disposición no brinda ninguna oportunidad para que la persona sancionada presente argumentos en su defensa. En el caso de los solicitantes, simplemente recibieron cartas del jefe de Seguridad informándoles que se les prohibió ingresar al parlamento durante un año. Además, la ordenanza no prevé ningún procedimiento claro para impugnar la medida.

Resolución es del todo ilegal ya que impone una medida cautelar contemplada para las etapas procesales que el artículo 141 del Código Procesal Penal indica.

La iniciativa explicita el rol de la PDI en la investigación de delitos y del crimen organizado, y el deber de controlar el ingreso y egreso al país.

El demandante acusó al plantel de estudios de jactancia por mantenerlo como moroso en DICOM, sin poder argumentar ante el tribunal la carencia de respaldo jurídico del supuesto jactancioso, ya que en todo momento reconoce la deuda contraída en favor del demandado por un crédito de estudios solicitado en 2004, el cual estima como prescrito.

El libro de socios se creía perdido por la directiva.

El relleno sanitario se había habilitado tras una emergencia sanitaria.

Las normas mexicanas contienen cláusulas, que, per se, resultan contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. El derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación.

La Sala del Senado respaldó unánimemente el informe de la Comisión Mixta, instancia que aclaró que el delito basal ya está tipificado en nuestro ordenamiento penal. Con todo, se avanza en sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro.

En relación con la función que cumple el Tribunal Ambiental en el proceso de conciliación, Delpiano detalló que esta judicatura especializada tiene dos roles; “primero, un rol de facilitar el diálogo entre las partes y, segundo, un rol de velar porque el acuerdo al que se llegue cumpla con el estándar que exige la ley. Esto es, que se repare el daño ambiental alegado”.