El requirente alegó que se le impide controvertir el fondo de la cuestión alegada, lo que infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso, pues sólo se concede apelación en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio.

La policía ingresó al domicilio de la acusada previa autorización del Ministerio Público, en base a una denuncia anónima que daba cuenta que en el lugar se traficaba droga, sorprendiendo a la imputada en un intento por destruir y deshacerse de las especies.

La resolución se decretó por el incumplimiento del pago de una multa, que se relacionaba con el nombramiento de un perito como medida para mejor resolver, la cual habría vencido, razón por la que la Corte estimó que el arresto carecía de proporcionalidad y validez.

La agravante de disfraz está integrada por un elemento objetivo, el uso de un medio apto para desfigurar el rostro o la apariencia habitual de una persona, y otro subjetivo, el propósito de buscar una mayor facilidad en la ejecución del delito o una mayor impunidad, y en el caso, no está presente la aptitud para alterar la apariencia porque en la forma en que se llevaba la capucha no impedía ver la cara del agresor.

El requirente alega que la aplicación del artículo impugnado lo posiciona en una situación de indefensión.

La legitimidad activa para intervenir en el procedimiento penal emana de la defensa del interés colectivo de los vecinos que representa, ante crímenes o delitos que afecten la seguridad de sus comunas o a la población más vulnerable de la misma.

Sus comentarios no se habían limitado a criticar al Islam. En su contexto general se hicieron con una intención discriminatoria, como llamar a los espectadores a rechazar y excluir a la comunidad musulmana en su conjunto. Ello es perjudicial para la cohesión social. La sentencia condenatoria de los tribunales nacionales aparece justificada suficiente y pertinente para la injerencia denunciada.

La Dirección de Obras Municipales justificó el incumplimiento a las normas de la SEREMI que ordenaban la suspensión de los plazos de caducidad, en que se trataría de instrucciones ilegales.

No existe una normativa técnica que fije las directrices del diseño, implementación, medición de resultados y seguimiento de la hospitalización domiciliaria.

El control judicial de las detenciones, para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse “sin demora”, “tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.