La Caja de Compensación vulneró el derecho de propiedad de la actora, al haber ejercido dos vías independientes de cobro de su acreencia.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La comunidad de vida permanente se encuentra compuesta por elementos apreciables a partir de la conducta de la pareja entre ellos y frente a terceros, los cuales son objetivos, como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis.
La decisión de la institución fue suficientemente fundada, pues los servicios de la actora dejaron de ser necesarios atendido su mal desempeño laboral.
Los lazos afectivos no solo nacen del parentesco, sino que surgen, se conforman, se construyen y retroalimentan entre gente que se elige para ser familia. El concepto amplio de familia no se emparenta entonces sólo con la procedencia sanguínea. La verdad biológica no es un dato absoluto cuando se lo relaciona con el interés superior del niño.
Según la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional así como del TEDH, la revisabilidad de la pena es un factor determinante en su legitimidad.
La resolución no pone término al procedimiento ni hace imposible su continuación, toda vez que éste prosigue respecto de uno de los tres demandados.
La CIDH consideró que el Estado de Argentina es responsable por la violación de la garantía del plazo razonable consagrada en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, informó la resolución y destacó que «el futuro del mundo parece un poco más brillante hoy. Las Naciones Unidas, en un desarrollo histórico, ha reconocido por primera vez que todos, en todas partes, tienen el derecho humano a vivir en un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible”.
Según el ente persecutor, los imputados integran una red internacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes venezolanos, a quienes cobraban sumas que fluctuaba entre los 450 y 700 dólares, para ingresarlos al territorio chileno por pasos no habilitados, tras un viaje que los traía desde su país natal, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, hasta la frontera chilena.
