El responsable de la subida del video a Twitter puede ser condenado a pena de prisión de un año o a una multa de seis a doce meses, además de a una indemnización por los daños y perjuicios provocados, al haber incurrido en un delito contra la intimidad.
La Comisión ad hoc comenzó el estudio de la moción que procura garantizar el respeto del tiempo de descanso, licencias médicas, permisos y vacaciones. De igual modo, avanza en respetar la intimidad personal y familiar de los trabajadores.
El escenario digital (cuando no se ha configurado en modo privacidad, en ese caso, podría existir una «mínima» protección) es un ámbito público y si se sigue esa línea de razonamiento, al igual que en el mundo físico, los sujetos no tenemos el libre domino o titularidad de las cosas que se encuentran en un ámbito público. Sino que existen restricciones y límites. Dicho de otro modo, no es lo mismo tener acceso a espacios públicos que ser titular de su contenido.
Retardo en la administración de más de un año en tal trámite infringe el artículo 27 de la Ley N°19.880 y vulnera la seguridad individual del amparado.
La iniciativa busca hacer aplicable a dichas causas la regla descrita en el artículo 64 bis de la Ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.
La Constitución y la ley peruana consideran que el vínculo sólo puede ser contraído entre un hombre y una mujer.
El recurrente solicitó la exclusión de un Magistrado al considerar que la actuación del mismo Juez en una causa anterior por perjurio vulneró las garantías del debido proceso.
Esto, con ocasión de la crisis sanitaria, y en atención a las facultades que el artículo 18 del DS N°66 le otorga al Ministerio de Obras Públicas en casos excepcionales.
La atenuante pasional invocada por el recurrente fue desestimada al no poder probar que se encontraba limitado de comprender los alcances antijurídicos de sus acciones, debido al excesivo consumo voluntario de alcohol y drogas con anterioridad al hecho.
La propuesta desatiende valiosos aprendizajes institucionales y tradiciones constitucionales, como la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en cuanto al gasto público.
