Quedó desvirtuada la presunción legal del inciso 1° del artículo 8º del Código del Trabajo. Los recaudadores no eran trabajadores dependientes o subordinados, ni tenían obligación de asistencia, de cumplir horario o de asistir a reuniones u otras propias del trabajo subordinado.

La Comisión de Gobierno respaldó el texto que apunta a fomentar la participación y el acceso de personas de esfuerzo que no cuentan con certificado de cuarto medio regular. En la actualidad la norma exige «enseñanza media formal o su equivalente».

La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso.

La sentencia fue revocada al considerar los jueces que las expresiones de la agrupación feminista contaban con protección constitucional y que su discurso no podía ser suprimido de las redes sociales en las que se había manifestado.

La sentencia señala que la demandada transgredió «el derecho a la intimidad y a la imagen» que tenían los actores, aún en su condición de personas públicas -jugador de fútbol y cantante-, y que tampoco se encontraba probado que «hubieran dado su consentimiento para la publicación».

Tampoco se infringe la regla del artículo 2330 del Código Civil desde que no se probó que el trabajador se expuso imprudentemente al daño.

Se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la imputabilidad legal y directa de sus potestades públicas, sin que para ser parte en juicio necesiten personalidad jurídica plena o patrimonio propio.

Considerando que el fundamento de la prescripción estriba en sancionar la desidia o negligencia del acreedor en la protección de sus derechos o en el reclamo de los mismos, la presentación de la demanda parece satisfacer este requisito dado que ahí aflora su voluntad de hacer efectivo su derecho mediante la acción respectiva, sin que haya necesidad de notificación de la demanda.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de Graneros, en actual conocimiento de la Corte de Rancagua, por recurso de apelación.