Con esto la proposición enviada por el Ejecutivo quedó en condiciones de ser votado por la Sala del Senado donde requiere los votos de los 2/3 de los senadores.
La llamada “ley corta” precisará aspectos como la definición de transferencias, las comisiones de servicio y regulará el traspaso de competencias de carácter temporal, entre otros.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.
El Tribunal de alzada condenó a Jorge Reyes Morel, Pedro Lovera Betancourt, Donato López Almarza y Juan Fernández Berardi a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de homicidios.
El máximo Tribunal consideró que el recurso no puede prosperar debido a no existe asunto jurídico habilitante para la impugnación.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad al considerar que se pretende una nueva valoración de la prueba analizada por el tribunal de primera instancia.
El Tribunal de alzada consideró que la sanción se encuentra ajustada a la normativa y que la estación reclamante no presentó pruebas suficientes para desvirtuar la sanción.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la condenada en el perjuicio causado al Estado por el pago excesivo de fondos de subvención escolar especial.
La CIDH urge a Venezuela y a Trinidad y Tobago a realizar de inmediato una investigación seria, imparcial y efectiva de estos hechos, incorporando en el análisis posibles situaciones de trata de personas.
En su análisis, el Tribunal determinó que el predio en cuestión está emplazado en un terreno que geográficamente ha sido una isla, y que, por lo tanto, de conformidad con el Decreto Supremo Nº2.734 de 1981 se sitúa dentro de los límites del Santuario.
