El General Chavan está en conocimiento de que es ilegal censurar a los periodistas, en cuanto durante el año 2017 la Corte Suprema acogió un recurso de protección en su contra por haber expulsado a otro periodista de una conferencia de prensa, se afirma en el libelo.

La concesión de una medida cautelar en las acciones directas depende de la presencia de dos supuestos materiales, a saber, la plausibilidad jurídica de las pretensiones del actor (fumus boni iuris) y la posibilidad de daño resultante de la demora en la decisión postulada (periculum in mora).

La iniciativa permite que Gendarmería realice labores investigativas bajo órdenes del Ministerio Público y además actualiza el delito de extorsión, que anteriormente estaba tipificado solo para quien obligare a otro a suscribir documentos.

Será competente ahora para conocer de la acción de prescripción extintiva de los derechos de aseo municipal adeudados el juzgado de policía local de la propia municipalidad acreedora.

Hubo una serie de actos y omisiones discriminatorias realizadas por los recurridos que dieron por resultado la afectación de las garantías constitucionales del recurrente.

Los contratos celebrados por la Administración gozan de presunción de legalidad, por lo que no pueden ser convalidados respecto de la sanción que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, y dar lugar a ello implica una indemnización desmesurada en favor del funcionario.

El caso afecta a una menor de 11 años que fue violada en repetidas ocasiones por tres hombres. A causa de estos abusos dio a luz a un niño. Las bajas penas impuestas a los hechores han provocado un debate sobre la protección de la infancia en la sociedad marroquí.

El premio no puede considerarse un donativo oficial o protocolar -excepciones permitidas por el legislador-, pues la ASOEX entrega una suma de $500.000, que es destinada al goce personal de la galardonada. Además, la premiación puede comprometer la debida imparcialidad de sus funciones administrativas.

No se acreditó dentro del paginario de la actuación la efectiva puesta en peligro del bien jurídico tutelado de la fe pública, en tanto no se observó interés de los destinarios de los 335 documentos expedidos, que se hubiere visto afectado con su expedición bajo las condiciones varias veces reseñadas y así tampoco entre estos y la comunidad.

En estos casos, la condición de víctima de violencia de género puede acreditarse por cualquier medio de prueba válido en Derecho. El legislador no exige que la condición de víctima de violencia de género esté acreditada a través de prueba plena y mediante sentencia, pues también le valen medios concretos que no son expresivos de la prueba inequívoca.