Dado que los funcionarios no se encuentran obligados a gozar del feriado en forma continua, no existe razón para que su duración quede determinada por la fecha en que se inicia su uso.
El máximo Tribunal consideró que carece de fundamentación el fallo que rechazó la acción, por lo que confirmó la sentencia que acogió la demanda reivindicatoria.
Entorpece el giro comercial de una constructora que además se encuentra en un proceso de reorganización judicial, lo cual hace imperioso la venta de sus activos para satisfacer los créditos de sus acreedores.
Tampoco es fácil contratar personas discretas que por poco dinero estén dispuestas a alijar la droga (teoría de los bienes escasos).
Las declaraciones del Fiscal se realizaron como respuesta a un comunicado realizado por el gobierno venezolano, en el que cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía y acusó una instrumentalización de la justicia con fines políticos. Previamente, la Corte había ordenado la prosecución de la investigación tras desestimar los alegatos del régimen.
Las deficiencias pretéritas del Servicio de Registro Civil no son oponibles al recurrente, como tampoco puede generar su desmejoramiento social y legal. Por lo tanto, deben mantenerse las situaciones jurídicas afianzadas en el tiempo.
El requirente estima que el precepto legal cuestionado afecta gravemente su derecho al recurso, a defensa, y al desarrollo de un proceso racional y justo.
Sufrió una caída de su silla al deslizarse ésta sobre el piso mojado. No se contaba con elementos antideslizantes, ni indicaciones que dieran cuenta del cuidado que se debía tener al transitar por suelo húmedo. Se consideró que el empleador no cumplió con su deber de protección y cuidado para evitar el accidente laboral.
En primera instancia, el Tribunal acogió la denuncia infraccional, argumentando que el afectado era un cliente hipervulnerable atendida la edad, lo que hacía exigible al banco una conducta de mayor cuidado para evitar fraudes; decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones.
La normativa entrará en vigor el 1 de julio y permitirá a los floridanos portar armas ocultas en espacios públicos sin necesidad de contar con una capacitación especial para ello. Además, no se requerirá verificar sus antecedentes personales en transacciones privadas de armas.
