La Corte de Valparaíso, declaró inadmisible el recurso de protección.
La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que, del mérito de los antecedentes apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
El objetivo principal del proyecto ingresado es lograr que se cumpla la obligación de pago.
Un procedimiento de ese tipo no está incluido en el ámbito de la Decisión Marco relativa al decomiso de bienes.
El máximo Tribunal ibérico en los próximos días notificará la sentencia completa con sus fundamentos jurídicos.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2, 4, 8 y 15 de la Constitución.
La Corte de Santiago indicó que la acción presentada no reunió los requisitos que permitan declarar su admisibilidad.
El Tribunal de alzada consideró que las acciones deducidas por dos diputados, un senador, un alcalde, dos consejeras regionales y un grupo de abogados exceden las materias del recurso cautelar.
Plantean que rebaja a los sueldos de los altos cargos públicos, incluyendo ministros y subsecretarios, debe estar sujeta a una regulación permanente.
Ente fiscalizador indicó que ediles deben respetar el principio de juridicidad en su actuar y no afectar garantías como la igualdad al lograr eventuales ventajas electorales producto de su sobrexposición en desmedro de otros postulantes al cargo.
