La suspensión nacional determinada en la causa con alcance general comprende todos los actos posesorios, nulidad de los procesos administrativos de deslinde, así como los recursos vinculados a estos actos, y debe producir efectos hasta el fin de la pandemia de Covid-19 o la dictación de la sentencia definitiva de dicho proceso, lo que ocurra en último lugar, salvo decisión posterior en contrario.

Se fijaron 414 Colegios Escrutadores y 38.057 mesas de sufragio para todo el país.

La propaganda electoral solo puede realizarse bajo condiciones determinadas por ley.

Las decisiones de las universidades nacionales en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente no son, en principio, susceptibles de revisión judicial, salvo manifiesta irrazonabilidad o arbitrariedad, o que se cause lesión a las garantías constitucionales o a las leyes que reglamentan los derechos protegidos por la Constitución Nacional.

Dichas actividades no forman parte de programas o planes del MINSAL que deban ser incentivados mediante estímulos y, tampoco pueden concederse sumas por riesgos de labores al corresponder las remuneraciones de los funcionarios de la Administración a leyes de iniciativa del presidente de la República.

El monto debe ser equivalente a los gastos que irrogaría la atención del menor en una sala cuna o bien permitir solventar los gastos de atención y cuidado en su propio domicilio o en el de la persona que presta los servicios respectivos.

Abogado que prestaba servicios en el juzgado de policía local de La Granja, demandó por tutela de derechos fundamentales, despido indirecto y nulidad del despido; no obstante, no acreditó el vínculo de subordinación y dependencia, por lo que la relación con el municipio no era de carácter laboral, sino regida por el Estatuto Administrativo.

El demandante solicitó la nulidad de una concesión minera que se superpone sobre los terrenos de su yacimiento, no obstante, la acción fue notificada después de cuatro años de la publicación del extracto exigido por el artículo 90 del Código de Minería, por lo que el tribunal hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

La empresa se expone a clausura y a multas de más de $26.200 millones de pesos.

Manifestó su preocupación por el contenido del proyecto de ley que endurece la legislación en materia migratoria, el cual permite la reconducción de inmigrantes a terceros países, a través de procedimientos sumarios.