Las resoluciones dictadas por un órgano judicial competente no importan vulneración a los derechos constitucionales que ampara el recurso de protección, pues se encuentran sometidas ya al imperio del derecho.
Los hechos probados son legalmente constitutivos de un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de lesiones de menor gravedad, y otro delito de violencia doméstica en su modalidad de lesiones de menor gravedad del que resulta responsable a título de autor el denunciado.
El requirente alegó que el hecho de que la autoridad pueda imponer más de una multa por la misma infracción significa una doble punición no tolerada por la Constitución.
El máximo Tribunal compartió la interpretación jurisprudencial plasmada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda contra la Corfo, como responsable de concesionar la promoción y preservación del patrimonio cultural e histórico de la comuna carbonífera.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al mantener la supuesta deuda en el boletín comercial.
El actor alegó que con la entrega de la información se incumplirían cláusulas de confidencialidad firmadas con el fabricante del medicamento, argumento que fue rechazado por la Corte, por cuanto las normas sobre transparencia están por sobre estipulaciones contractuales.
El problema que se genera en estos tipos de robos, es el peligro a que están expuestos los trabajadores, tanto de mineras como del transporte de estos productos, pues se ven enfrentados a bandas violentas y fuertemente armadas.
El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar presentada por residentes de los condominios San Marcos y Desiertos Floridos, tras establecer que la pasividad del municipio recurrido vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, consecuentemente, a la vida e integridad física y psíquica de los recurrentes.
Las empresas se comprometieron a pagar dinero a las instituciones de beneficencia sin fines de lucro por los daños causados a los consumidores nacionales. Agrusuper a desembolsar $19.541.697.242 y Don Pollo a transferir $2.431.689.000.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el 20º Juzgado Civil de Santiago, que acogió la acción y le ordenó a las demandadas pagar una indemnización total de $5.371.285 por concepto de gastos médicos y daño moral.
