El actuar del recurrido constituye un acto de autotutela ilegal que impide el libre acceso del actor a un camino público que ha sido utilizado por los habitantes del sector durante más de 40 años.
El requirente estima que la disposición impugnada afecta la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
El derecho al olvido que protege al actor obliga a las empresas periodísticas recurridas a complementar su información dando a conocer la resolución que declaró su sobreseimiento definitivo.
La Magistratura Constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84, numeral 4°, de la LOCTC.
El actor arguyó que, las disposiciones del Código Procesal Penal cuya constitucionalidad cuestiona, desconocen los derechos de la defensa en contexto de un debido proceso, en la medida que no prevén informar o notificar previamente al tutor o curador.
El Máximo Tribunal colombiano señaló que no estaba probado que la presencia de las tropas de EE.UU. en Colombia tuviera como objetivo preparar un ataque contra Venezuela, como lo alegaba la demandante.
Los establecimientos educacionales que recibían subvención a través del sistema de financiamiento compartido seguirán afectos a ese régimen hasta el año escolar en que su cobro máximo mensual promedio por alumno sea igual o inferior a su aporte por gratuidad.
No existe ningún antecedente que acredite la falta de oportunidad de la actora para aportar antecedentes médicos a la Armada, ya que luego de analizar todo su historial médico resolvió su retiro.
El permiso de edificación impugnado se comunicó conforme a derecho a los vecinos del sector a través de múltiples publicaciones a las afueras de la construcción y a través de correos electrónicos a las juntas de vecinos de la comuna.
El recargo por despido improcedente se establece en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.
