El Tribunal Constitucional peruano señaló que, es perfectamente permisible que, a través del proceso de habeas corpus, se tutele el derecho a la libertad de tránsito de una persona cuando de manera inconstitucional se le impida o límite el ingreso o salida de su domicilio.

El profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, expuso que el derecho a reunión se ejerce sin permiso previo. A su juicio, existió inhibición del derecho a la protesta, durante las manifestaciones en la capital, lo que supone violación de garantías fundamentales.

El Tribunal de alzada acogió la acción de protección, tras establecer el actuar arbitrario de los recurridos al cancelar la matrícula de la joven sin respetar el debido proceso y el derecho a defensa.

Entre las medidas se propone postergar la declaración y el pago del IVA de las mipymes correspondiente a los períodos de octubre, noviembre y diciembre de 2019, hasta febrero de 2020, con caídas de ventas en octubre o noviembre de 2019.

El máximo Tribunal descartó actuar ilegal del consejo directivo de la CPLT al ordenar al municipio reclamante la entrega de la información solicitada por ley de transparencia.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas, dejó sin efecto el dictamen del ente contralor, ordenó el reintegro de la trabajadora aforada y el pago de todas las remuneraciones y prestaciones maternales devengadas durante su separación del servicio.

En la instancia, alertaron frente al incumplimiento de los protocolos por parte de las fuerzas policiales, el uso de elementos disuasivos no autorizados y la agresión a personal de salud que se encuentra en las manifestaciones que se desarrollan en el país.

El máximo Tribunal acogió la excepción de cosa juzgada deducida por la apelante, respecto de partida incluida en liquidaciones de octubre de 2008, correspondiente a los años tributarios 2006 y 2007.

El Tribunal de alzada rechazó con costas el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El Tribunal de alzada estableció actuar arbitrario de la recurrida al trasladar a los servicios de salud el pago de las prestaciones realizadas en el hospital clínico, derivadas de atenciones de urgencia.