El demandado alegó que no podía volver a discutirse el asunto por haberse concluido el proceso penal sin condena y con un acuerdo reparatorio, sin embargo, el Juzgado civil dejó establecido que eso sólo extinguía la responsabilidad penal, quedando vigente la civil.

Al aprobarse el acuerdo completo y suficiente propuesto por los litigantes, y fijar como causa de su extinción la alteración sustancial de las circunstancias, como el acceso al empleo de la cónyuge, si bien no estaba señalado en el convenio como motivo de la pensión el desempleo inicial, el hecho de encontrarlo es causal de extinción.

Corte de Chillán desestimó recurso que acusaba el bloqueo en el acceso de parte de los dueños del inmueble, luego de verificar que el predio no posee portones o barreras que impidan el acceso hacia las líneas de transmisión.

En recurrente acusó que los perros de un vecino mataron a parte de sus ovejas, hecho que excede los límites de la acción cautelar y debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento.

Las autoridades judiciales accionadas respondieron las pretensiones de los sujetos procesales, con base en los elementos de convicción actuados dentro del proceso. Además, dentro del marco de sus competencias, respetaron el principio de debida diligencia al tomar en consideración para su análisis las condiciones particulares de la presunta víctima y la naturaleza del delito.

El máximo Tribunal descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que hizo lugar a la demanda subsidiaria y le ordenó al demandado restituir a su legítimo dueño el retazo reclamado.

El Tribunal del alzada confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago.

El Tribual de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido, el cual deberá acoger a tramitación la solicitud y resolver como en derecho corresponda.

El máximo Tribunal descartó infracción al debido proceso en la actuación de la policía en hipótesis de flagrancia.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e infundado de la Fiscalía al disponer el levantamiento de la medida de protección.