La negativa de proporcionar a la actora la cobertura solicitada argumentando la inexistencia de un código, carece de razonabilidad y vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°1 y 24, de la Carta Fundamental.
El Estado tiene la máxima responsabilidad por el servicio que entrega, más aún, tratándose de un parto, en que no debe escatimarse en los cuidados cuando existen factores de riesgo.
El máximo Tribunal consideró que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, por lo que no avizoró la existencia de un comportamiento antijurídico.
Jueces de fondo incurrieron en extra petita al anular todo lo obrado en juicio, en circunstancias que ninguna de las partes cuestionó la competencia del tribunal de base.
El actuar omisivo de la Ministra de Salud, atenta contra la obligación de los órganos de la Administración del Estado de brindar una respuesta frente a las solicitudes que se le formulan, conducta que deja a los recurrentes en la incertidumbre respecto de lo solicitado, sin justificación.
Se alegó que el Ministerio Público no puso a disposición de la defensa el parte policial y sus anexos, faltando además la realización de la totalidad de diligencias instruidas, lo que vulnera el derecho a defensa.
En tal caso, surge el derecho a los incrementos legales previstos en el artículo 168 del Código del Trabajo.
Los jueces han concluido que la factura dice relación con una pretensión de cobro de rentas mensuales de un contrato que en ese período ya había terminado.
Esto se desprende de las disposiciones contenidas en el artículo 440 y siguientes del Código Procesal Penal.
El máximo Tribunal invalidó la sentencia en revisión, tras constatar que fue dictada solo con antecedentes obtenidos bajo tortura y apremios.
