El precepto legal produce una situación de trato discriminatorio que no se sustenta en fundamentos de razonabilidad.
La resolución que concede el apremio no es apelable, por lo que la deniega debe ser también apelable para que el Tribunal de Alzada pueda pronunciarse y revertir lo resuelto por el juez a quo.
La recurrida alegó que dichos procedimientos y sus consecuencias no estaban cubiertas por la póliza de seguro.
La recurrida había dado término anticipado y unilateral al vínculo contractual con la actora, alegando que no informó sus patologías previas.
El acusado se comprometió a realizar ochenta horas de trabajos de utilidad pública, no remunerados y a asistir al Taller dictado por el Museo del Holocausto.
El actor prestó servicios a la recurrid por más de 12 años.
La recurrida cesó el pago de la asignación sin mediar acto alguno y ordenó el descuento por planilla de lo pagado indebidamente.
La Comisión llamó a liberar a todas las personas detenidas y a cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes se consideran personas opositoras al gobierno.
Cualquiera limitación que suponga una restricción a la efectiva prestación de los servicios de salud que requiere una persona implica la afectación de su derecho a la salud, especialmente, si ese usuario es una persona en condición de vulnerabilidad, en cuyo caso debe ser objeto de una protección especial constitucional.
La iniciativa se enmarca en la “Agenda de Modernización del Estado” que comprende 50 medidas organizadas en seis ejes estratégicos: mejores servicios del Estado; mejor gestión pública; personas en el Estado; transparencia, probidad y participación; mejor institucionalidad y desarrollo local; y descentralización.
