En el actual contexto, el abandono del procedimiento sólo es procedente si el término de seis meses se contabiliza a la luz de la Ley 21.226, cuestión que no aconteció en la especie.
La medida se adoptó en resguardo de los bienes materiales, sin constituir una sanción para los voluntarios.
El acto impugnado fue debidamente fundado.
El Estado debe garantizar el derecho al agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones.
La sanción se aplicó luego que se reconsiderara la destitución de la actora.
La recurrida solicitó el pronunciamiento al ISP por tener dudas razonables de tratarse de un producto farmacéutico.
El beneficio que proporciona la medida respecto de la reducción de los contagios es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local.
Eximió, además, a Fernández Pineda del pago de las costas de la causa por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública y no haber sido totalmente vencido, rechazando también sancionarlo con la accesoria de suspensión de cargo u oficio público.
Existen antecedentes suficientes que indican la existencia de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil como consecuencia de una política del Estado, en el sentido de los artículos 7.1 y 2.a del Estatuto de Roma.
El precepto legal produce una situación de trato discriminatorio que no se sustenta en fundamentos de razonabilidad.
