Justicia Electoral rechaza solicitud de inhabilidad de ex Alcaldesa de Papudo.
Tribunal Calificador de Elecciones declaró la caducidad de la acción intentada.
Tribunal Calificador de Elecciones declaró la caducidad de la acción intentada.
La facultad otorgada a los jueces por el artículo 174 del Código del Trabajo, no funciona como una obligación para desaforar si se mencionan determinados requisitos, pues ello infringe el espíritu protector de la norma, debido a que la magistratura debe ponderar todas las pruebas a la luz de la sana crítica, y en sintonía con la legislación nacional e internacional respecto de la protección a la maternidad.
La denuncia presentada por el reclamante no logró demostrar que se hubieran cometido irregularidades en la elección de la directiva de la Junta de Vecinos.
Se trata de una estatuilla de más de 6.000 años de antigüedad, conocida como “Stargazer” que fue extraída ilegalmente de su territorio como contrabando, por lo que exigió su repatriación.
La adopción de esta resolución fue saludada por el Secretario General de Naciones Unidas, así como por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y por un sinúmero de Estados y de entidades de la sociedad civil.
Una ley que buscar erradicar los matrimonios infantiles, también debe regular, en los casos de los matrimonios celebrados en el extranjero y que se declaran nulos conforme a la ley alemana, los efectos de la declaración de nulidad.
Los diputados requirentes alegan que la norma se aparta de las ideas matrices de la iniciativa que se aprobó para la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, más no para autorizar el cultivo de especies vegetales del género cannabis.
Los antecedentes sobre denuncias pueden entregarse tarjando en forma previa los datos personales de los denunciantes y de los testigos para que las personas no se inhiban de denunciar, los testigos de declarar y los organismos fiscalizadores cumplir con sus funciones.
La Comisión de Agricultura acordó recomendarle a la Sala del Senado rechazar las enmiendas propuestas por la Cámara, en segundo trámite, para asegurar “un buen proyecto”.
La norma establece un requisito que implica efectuar una distinción del todo razonable a la hora de contratar con el Estado o acceder a la bonificación: aquellos que no han sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos 6 meses y aquellos que sí.