Norma del Código Penal que establece como delito poner en peligro la salud pública, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto produce efectos inconstitucionales ya que se trataría de una norma penal en blanco que además genera efectos desproporcionados.