No se advierte la vulneración al debido proceso que sostiene el municipio requirente, desde que los elementos que configuran esta garantía han estado presentes en igualdad de condiciones para ambas partes, sin que se aprecien diferenciaciones que pongan en entredicho la observancia del mandato del artículo 19 N° 3 inciso sexto constitucional.

La nulidad o enmienda podría afectar derechos de terceros, por lo que no es posible que, a través de la acción cautelar, que es de tramitación breve, concentrada y sumaria, se pueda obtener la declaración perseguida por la recurrente. Para ello es necesario acudir a un procedimiento de lato conocimiento.

Más allá de que se trate de una facultad discrecional de la Administración, en el caso concreto, tal ejercicio además consideró cuestiones de competencias y aptitud para el desarrollo de las funciones encomendadas.

Gendarmería no dispuso el traslado, sino que únicamente lo solicitó ante el tribunal competente para supervisar la prisión preventiva que afectaba al amparado, conforme lo dispuesto en el artículo 150 del Código Procesal Penal.

El impacto que la pandemia del virus del Covid-19 tuvo en el modelo educativo del país fue grande. Estos efectos empeoraron con las graves omisiones del Estado respecto del principio de accesibilidad contenido en el derecho a la educación. Esto, porque las autoridades públicas no tomaron las medidas adecuadas y oportunas para reducir la brecha digital.

Con el modo de exhibición de la información y los comentarios hechos por los animadores del matinal se valida una situación inconveniente, pudiendo afectar con ello el proceso de socialización de niños, niñas y adolescentes.

No es el remedio idóneo para interferir en políticas públicas de orden penitenciario, que en el mayor de casos importa la destinación de recursos públicos y que son de resorte exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo, encontrándose proscrito al Poder Judicial mezclarse en dichas funciones, refiere el voto en contra.

La “suma asegurada” cumple la función que le es propia cuando la aseguradora hace honor a su obligación en tiempo también propio, esto es, en el tiempo en el que, por haber sido previsto en el contrato o resultar de la ley, es el que las partes han tenido en mira al cuantificar de ese modo el máximo de la indemnización que, llegado el caso, habrá de percibir el asegurado.

El recurrente argumentó que el querellante no puede entablar acciones posesorias respecto de un camino de servicio, hipótesis que fue descartada por el máximo Tribunal al estimar que el actor no pretende exclusividad respecto de la franja de terreno, sino el respeto del ejercicio de su derecho de libre tránsito por ser comunero.

El acusado lideraba una agrupación que asaltaba a camioneros que dormían en sus máquinas estacionados en servicentros de la ruta 5 sur, en el sector de Los Ángeles.