La Sala del Senado despachó la iniciativa que permitirá enfrentar el contexto de sobrecarga de causas pendientes y limitar, a la vez, la presencia física de las personas en los tribunales, luego del estado de excepción de catástrofe por calamidad pública.

«La justicia civil, penal, laboral y de familia, y el sistema recursivo, se ejerce con plenitud en todo el territorio de la República, de manera continua, autónoma y estable, adjetivos que vale la pena recalcar”, destacó Guillermo Silva Gundelach.

El Tribunal de alzada acogió la cautelar al considerar que la negativa del interno a alimentarse amenaza gravemente garantías constitucionales.

La pretensión de los actores excede a los fines y naturaleza de esta acción cautelar, ya que impugna un acto emanado del ejercicio de las facultades o potestades conferidas a otros Poderes del Estado.

Los derechos del actor se encuentran debidamente cautelados por la normativa procedimental aplicable en el proceso seguido ante la Corte Marcial, siendo esa la vía idónea para reclamarlos y hacerlos efectivos.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que condenó al establecimiento educacional por infringir la denominada Ley Zamudio.

Tanto la parte acusadora como la defensa tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos, tras lo cual se inició un amplio debate que permitió la participación de los legisladores y que dio como resultado la aprobación de la admisibilidad del libelo acusatorio.

La niña fue operada ya que se gestó con un defecto de formación denominado espina bífida y se encuentra en proceso de educación del esfínter.

Correspondía darles la oportunidad a las niñas de expresarse, a fin de que la decisión también considerara sus sentimientos, deseos o temores respecto a la forma de resolver la medida de protección.

Además, la judicatura estimó que la sede cautelar no era la vía idónea para resolver la controversia de carácter técnico.