La empresa principal no acreditó haber ejercido el derecho de información y de retención que le reconoce el artículo 183-C del Código del Trabajo, pese a que en el contrato marco se dejó expresamente establecido.
No concurren los presupuestos del artículo 2195 del Código Civil, la demandada no se encuentra ocupando el inmueble debido a una actitud permisiva, de transigencia, aquiescencia o condescendencia de la comunidad dueña, sino que de una relación vigente entre ambas.
El Tribunal de alzada desestimó la pretensión de los recurrentes, al considera que la medida impugnada se fundamente en la garantía constitucional, contemplada en el artículo 19 numeral 9º de la Carta Fundamental, que establece el derecho a la protección de la salud.
Además, perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227 decretada a causa del coronavirus.
La iniciativa regresa al análisis por la Comisión de Infancia donde se perfeccionará el articulado.
El Director Ejecutivo decidió retrotraer el procedimiento fundándose en un vicio que no fue alegado por ninguna de las partes y que, además, no existe, configurándose la ilegalidad principal de la resolución reclamada.
El máximo Tribual detalla que no se advierte la justificación de eliminar los delitos concursales como supuestos de la sanción.
El máximo Tribunal estableció que la empresa incurrió en vulneración de derechos fundamentales al despedir al trabajador sin justificar los motivos que fundan dicha decisión.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva y el Ministro Pica, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, al estimar que concurren las causales previstas en los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la LOCTC.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García Pozo, quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, en virtud del artículo 84 N° 6 de la LOCTC.
