La resolución plantea que las acciones sean asumidas de manera intersectorial por las carteras de Educación y de las Culturas. La idea es contrarrestar los efectos provocados en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, derivados del confinamiento durante la pandemia.
La Sala aprobó la resolución que solicita el respaldo del Gobierno a un proyecto de ley que avanza en esta dirección.
El juez Urrutia formuló graves recriminaciones a la judicatura por las mutilaciones oculares que sufrieron algunos manifestantes durante el estallido social y calificó de cómplices y encubridores a algunos jueces por las referidas afectaciones a los derechos humanos.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la caja de compensación al descontar del sueldo de la trabajadora afiliada el pago de una deuda que fue declarada prescrita por sentencia firme y ejecutoriada.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la demanda por la pasividad del Estado frente a los múltiples ataques que han afectado al fundo San Luis de Palermo, ubicado en la comuna de Vilcún.
La sentencia ordena a la SMA instruir un procedimiento administrativo que incluya, a lo menos, la audiencia del interesado y que concluya con la dictación de un programa de monitoreo definitivo.
Por existir una controversia entre las partes en cuanto al trazado para efectuar la instalación de postes y de la red eléctrica, no se cumple con uno de los presupuestos del recurso de protección, esto es, que exista un derecho indubitado por parte del recurrente.
En el recurso de protección no se describen hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales protegibles por esa vía, por lo que se declara inadmisible.
La forma en que se realizó la audiencia no permitió a todos los intervinientes tomar parte en ella de manera ordenada, exponer cabalmente y en la oportunidad procesal correspondiente sus argumentos.
Los preceptos impugnados son respetuosos de los principios de legalidad y juez natural, pues establecen, concretamente, que el procedimiento penal aplicable cuando sean los congresistas quienes cometen un delito, es el contenido en la Ley 600 de 2000 y este, en armonía de la Constitución, asigna a la Corte Suprema de Justicia la competencia para investigar y juzgar a los miembros del congreso.
