La requirente estima que el apremio vulnera la prohibición constitucional de privación de la libertad personal por deudas.
El principio de precaución no exige conocer todos los supuestos biológicos posibles ni tampoco tener certeza absoluta del impacto de las medidas que se adoptan.
La sentencia llama la atención respecto de la relación colaborativa y temprana que debe existir entre el Estado y el regulado, enfatizando que “considerando la naturaleza provisoria de esta actividad (construcción inmobiliaria) y la importancia de este mecanismo (asistencia al regulado) para la prevención y promoción del cumplimiento ambiental, el Tribunal estima que este derecho debe ser conocido por el regulado desde la etapa de fiscalización.
El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.
El Tribunal de alzada le ordenó, además, a la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizar el cumplimiento de lo ordenado.
El miércoles pasado se definió la estructura del anteproyecto de la Comisión de Expertos y hoy le tocaba a la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales empezar a discutir propuestas de normas. Sin embargo, luego de una hora de discusión, los comisionados no lograron formular una sola iniciativa
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al no contar con las dosis que debía inocular al recurrente en noviembre de 2022.
La autoridad judicial recordó que en mayo comienza a regir una nueva normativa en esta materia que es la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. “Es un importante desafío no sólo para el Poder Judicial, sino para todas las instituciones involucradas y le permite al tribunal primero investigar, retener y después disponer el pago. Y se trata de investigar en todas las instituciones bancarias, financieras, los fondos de las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro, los instrumentos de inversión y financieros que tiene el deudor», dijo la ministra.
El Tribunal determinó que el establecimiento comercial no respectó la garantía legal que asiste a todo consumidor que se ve afectado con la entrega de un producto defectuoso.
El requirente acusa que la aplicación del precepto legal la priva del ejercicio de su derecho a accionar, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad ante la ley, contraviene los principios tributarios de legalidad, igualdad, justicia y capacidad contributiva, a su derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
