Si el despido es declarado improcedente, el empleador debe restituir los montos que descontó, en atención al inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728 en relación con los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo.

Cualquier persona podrá ejercer dicha petición ante el juez pertinente, ya que, si la norma hubiese querido establecer al imputado como titular exclusivo de dicho derecho, lo habría dispuesto en forma expresa, razonó la Corte de Valparaíso, decisión revocada por la Corte Suprema.

La institución en virtud del artículo 90 del Reglamento de Armamento y Municiones se encuentra habilitada para fijar que los descuentos puedan ser realizados en parcialidades.

La base de esta iniciativa es que se trate de una política pública nacional y no de un hecho aislado en una región.

Solamente deben cumplir con este deber los Directores seleccionados por la CORFO. Sin embargo, los Directores de accionistas privados pueden voluntariamente realizar una DIP como actuar ligado a la probidad y al interés que suscita esta S.A.

Al no atender la necesidad de la recurrente, se la sometió a condiciones de vida que, dado que sufre de demencia o Alzheimer, incontinencia urinaria, infecciones urinarias recurrentes, y depende de terceros para las tareas más básicas, no le permiten disfrutar de su derecho a la salud.

Conforme a las necesidades económicas y climáticas vigentes y futuras del país.

La idea del texto despachado por la Comisión de Constitución es facilitar la tramitación de algunos documentos que, hasta hoy, exigen un trámite notarial.

El reglamento de copropiedad no podrá prohibir la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de copropietarios, arrendatarios u ocupantes del condominio, dentro de las respectivas unidades. Sin embargo, podrá restringir el uso de bienes comunes por parte de las mascotas o animales de compañía.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia recurrida, dictada por el Vigesimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios y que le ordenó al municipio el pago de la suma de $55.541.216 por concepto de lucro cesante, y $15.000.000 por daño moral.