El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario en los integrantes de la sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que había dispuesto el cumplimiento temporal de medida cautelar en una clínica privada, ordenando su ingreso a un recinto penal controlado por Gendarmería de Chile.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda de la trabajadora que se acogió a autodespido.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa al no otorgar oportunamente la atención médica que requería el pasajero, tardanza inexcusable que le generó una encefalopatía hipóxica isquémica, que le provocó la muerte cuatro años después.
El Tribunal estableció que la demandada no acreditó la causal de la desvinculación de la trabajadora por necesidad de la empresa.
Se rechazó respecto del Presidente de la República y del Ministerio Público.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Suplente de Ministro Jaramillo, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, en virtud del artículo 84 N° 5 de la LOCTC.
El amparado había estado en prisión preventiva durante un año en causa anterior.
Los contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Brahm, quien estuvo por declarar inadmisible en virtud de la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la LOCTC.
