La falta de servicio no es suficiente por sí misma para dar nacimiento a la obligación estatal de resarcir, pues debe atenderse a la relación de causalidad entre ella y el daño ocasionado. Los tribunales han de examinar meticulosamente si suprimida la conducta que se reputa ilegítima, el daño igualmente se hubiese consumado.

El máximo Tribunal observó que la judicatura de fondo no consideró en su decisión las pruebas aportadas por el demandado en segunda instancia, careciendo el fallo de alzada de la adecuada valoración de los antecedentes de hecho y de derecho al momento dirimir el arbitrio.

La dispensa por razones de reunificación familiar no constituye sino una facultad discrecional de la autoridad de carácter excepcional y restrictivo lo cual presupone necesariamente la existencia de una solicitud concreta por parte del interesado ante la autoridad migratoria y su correspondiente fundamentación.

Las materias medioambientales no son de competencia exclusiva del Servicio de Evaluación Ambiental y el municipio podría considerar necesario hacer exigencias que no estén incluidas en la Resolución de Calificación Ambiental para otorgar el permiso de extracción de áridos.

Que se haya sobreseído en sede penal no significa que no procedan las sanciones en sede administrativa, ya que las acciones previstas en el Código Aduanero son diferenciables de las normas que reprimen el delito de contrabando y su encubrimiento.

Decisión que adoptó el CPLT al tratarse de antecedentes de naturaleza pública que permiten la correcta fiscalización del destino de los caudales públicos.

Condenar al acusado con ocasión de pasta base húmeda sin poder ser consumida, no configura una errónea aplicación del derecho como causal de nulidad, ya que la peligrosidad debe ser valorada por los jueces de grado.

Cuando entran en conflicto el derecho al honor y la libertad de información, la prevalencia que en abstracto corresponde a la segunda debe ser ponderada de acuerdo al caso. Pero en concreto ha de estarse a la concurrencia de los siguientes tres presupuestos: interés público informativo, veracidad de la información y proporcionalidad.

Ordenó a los recurridos dar cuenta de la actual cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esa situación, los plazos asociados a cada programa e informar en qué fecha harán ingreso efectivo a los comentados programas.

El Banco se encontraba facultado tanto por el artículo 17 B letra b) de la Ley N° 19.496, como por la cláusula 13 del contrato respectivo, y por las circulares e instrucciones dictadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.