Los argumentos del recurrente invocando auto cultivo y falta de un examen de pureza adicional a la prueba de campo, no fueron suficientes para sustentar la presunta ausencia de antijuricidad material y una errónea aplicación por el Tribunal Oral de los artículos 1 y 3 de la Ley N°20.000.

El máximo Tribunal expresó que no basta con la mera enunciación de la Ley de Transparencia para argumentar el rechazo a una solicitud de información, más aún, cuando el CPLT dispuso de la entrega del documento tachando la información personal del funcionario, en atención al principio de divisibilidad.

Un grupo de ex trabajadores de Codelco demandó solicitando indemnización por daño moral, al retirarse de la empresa luego de contraer silicosis, no obstante, cuestionaron que al acoger su demanda, el tribunal permitiera el descuento de lo pagado en el finiquito, hecho que fue confirmado por el máximo Tribunal.

Las víctimas no han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista y preocupaciones en los procedimientos judiciales ante la Corte. Los procedimientos de confirmación en ausencia de Kony les darían esa oportunidad, que puede utilizarse para dejar en claro la naturaleza limitada y el propósito de la investigación de la Sala, no como un fin en sí mismo, sino como un paso más hacia la rendición de cuentas de un sospechoso que ha estado prófugo por más de 17 años.

La requirente estima que las normas censuradas provocan su indefensión en el proceso donde detenta calidad de víctima del delito de desacato.

Era carga del proveedor acreditar que el producto nuevo había sido vendido en óptimas condiciones de seguridad, lo que no hizo, configurando de esa forma una infracción al deber de seguridad en el consumo que tiene todo proveedor de bienes y servicios.

Los presuntos actos lesivos que se denuncian -la presentación de la moción de vacancia presidencial y de proyectos de ley-, responden a actuaciones realizadas por los demandados en el ejercicio de sus funciones como congresistas. En tal sentido, dichos actos no inciden de modo alguno en el derecho a la libertad de los beneficiarios del habeas corpus.

El fallo de primera instancia desestimó la denuncia formulada por el actor, argumentando que era este último quien se había expuesto imprudentemente al riesgo, al dejar varios objetos de valor a la vista de cualquiera que pasara por el lugar.

Estamos ante agresión de un funcionario en el ejercicio de su cargo, y aprovechándose del mismo que accede a una celda de un preso que está bajo su custodia y al que agrede por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido.

La reclamante alegó la falsedad en la identidad del solicitante de información, argumento desestimado por la Corte.