El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario de la aseguradora de fondos de pensiones, por lo que le dio plazo de cinco días para proceder a la devolución, sin más trámite, del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual del cotizante fallecido, a su familia.

Las consecuencias procesales de haber omitido resolver son diferentes, en caso de resolución interlocutoria o sentencia definitiva. En el primer supuesto, no se podrá subsanar el vicio por vía del artículo 273 del Código Procesal, pues dicho precepto prevé el supuesto de omisiones de la ‘sentencia’, renaciendo el principio que impide pronunciarse sobre capítulos que no fueron decididos en primera instancia.

Sólo cuando no hay duda acerca de cuál es la norma que el legislador quiso expresar en el texto legal, puede el juez constitucional emitir una sentencia que declare su invalidez. Por tanto, la dignidad democrática de la ley se traduce en una primera consecuencia: la doctrina de la interpretación de la ley conforme a la Constitución.

No puede imputarse a la SEREMI el mal pasar económico del recurrente, pues son consecuencias de su actuar y de no ajustar sus conductas al marco regulatorio aplicable. No obstante, la SEREMI consideró situaciones como la pandemia y un incendio que lo afectó para reducir la multa en dos oportunidades.

La requirente estima que la limitación a su derecho al recurso produce diversos efectos inconstitucionales.

El actor alegó que las razones extraoficiales que llevaron a la entidad financiera a rechazar la apertura de la cuenta fueron que su padre mantenía una deuda registrada en el boletín comercial y que residía en la comuna de Santiago.

La obligación de seguridad consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad. Su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Desde el momento en que el consumidor traspasa la línea e ingresa al ámbito de propiedad privada del centro de consumo, comienza a regir el marco tuitivo Constitución Nacional y de la Ley del Consumidor.

La interpretación contractual debe ser debatida en un procedimiento de lato conocimiento. Lo mismo para establecer si el fallecimiento se provocó por su imprudencia al ingresar a una zona prohibida y por la ingesta de sustancias ilícitas.

Según la normativa electoral, se pueden suspender el derecho al sufragio por diversas causales, entre ellas, la interdicción por demencia.

No cabe estar de acuerdo con la afirmación hecha por el gobierno de que el demandante, como periodista experimentado, debería haber estado al tanto de esos factores sin que la autoridad le diera más detalles.