Norma que fija un plazo para que el trabajador demande su despido improcedente o injustificado, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que la caducidad de la acción de despido indebido o improcedente conculca su derecho a la acción, el cual es reflejo de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva.