El Tribunal determinó que el establecimiento comercial no respectó la garantía legal que asiste a todo consumidor que se ve afectado con la entrega de un producto defectuoso.
El requirente acusa que la aplicación del precepto legal la priva del ejercicio de su derecho a accionar, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad ante la ley, contraviene los principios tributarios de legalidad, igualdad, justicia y capacidad contributiva, a su derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
El legislador ha dispuesto de procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecer el conflicto, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.
Se despachó orden de detención, de duración indefinida, en contra del imputado por estimar que su comparecencia a la audiencia de reformalización de la investigación, podía resultar demorada o dificultada mediante una citación judicial, informa el recurrido.
La conducta desplegada resultó violatoria de los deberes de desempeñar fielmente sus funciones y de observar una conducta irreprochable, afectando de ese modo gravemente la prestación del servicio de justicia del fuero, e impidiendo, por otro lado, que en tiempo y forma se adoptasen las medidas conducentes a suplir de manera inmediata su ausencia.
El requirente alegó que existe un cambio de criterio de la Administración Tributaria lo que vulnera la legalidad tributaria, la igualdad ante la ley y ante los tributos, su derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
La resolución de conflictos de esta naturaleza, debe darse alejada de discriminaciones y estereotipos impuestos de manera cultural tal como el exigir un mayor material probatorio con la finalidad de demostrar los hechos denunciados.
Teniendo en cuenta que la circunstancia del embarazo de la trabajadora despedida es totalmente objetiva y lleva a la declaración de nulidad del despido no procedente en aplicación de la normativa atinente, independiente de su conocimiento por la empresa, así lo debe declarar este Tribunal.
El requisito obligatorio de que las niñas en edad escolar usen falda impone una conducta social a éstas que no va acorde con la creciente fuerza que ha ido adoptado el movimiento LGTBIQA+.
La requirente estima que la norma objetada vulnera su garantía de igualdad ante la ley, el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho a defensa jurídica y a la no afectación de los derechos en su esencia.
