Alcalde de María Elena desvinculó a docente de planta esgrimiendo normas del estatuto docente para separar a la funcionaria por salud incompatible, sin consultar previamente a la COMPIN, situación anómala que hizo improcedente el despido y puso a la demandante en posición de se ser indemnizada mediante la aplicación subsidiaria de los artículos 162 y 168 del Código del Trabajo.

Las cuotas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 5 años desde efectuado el giro.

El requirente alega la imposibilidad controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, lo que vulnera sus garantías constitucionales.

La iniciativa tiene por finalidad el delineamiento de las circunstancias y limitaciones dentro de las cuales las fuerzas militares pueden emplearse para los efectos de cooperar a las Policías en el mantenimiento del orden público o de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional durante la paz.

Acreedor acusó infracciones de derecho en fallo de alzada que revocó aquel de base y declaró prescrita la acción ejecutiva, sin embargo, no cuestionó las normas de fondo en materia de prescripción y nulidad procesal.

Un sistema destinado a eliminar o reducir los casos de desigualdad en la representación política, ayudaría a que las minorías nacionales participen en la elección de la legislatura en igualdad de condiciones. El sistema establecido limita su eficacia política como grupo y amenaza con reducir, en lugar de aumentar, la diversidad y la participación de las minorías en la toma de decisiones.

Las mujeres, a pesar de tener idénticas condiciones físicas para efectos de competición, tienen muy poca participación a nivel dirigencial en sus respectivas federaciones.

La forma con la que en este 2022 Colombia se apresta a ser muy pronto Estado Parte y con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú en junio pasado, y el nivel de consenso con el que se aprobó en ambos Estados, plantean ahora algunas interrogantes muy válidas: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú refirieron a la discusión enardecida en Colombia (y anteriormente en Chile), como un «argumento» para no aprobar este tratado regional.  

En la normativa anterior los menores entre 14 y 16 años no eran imputables penalmente, es decir, no se les podía aplicar una pena a pesar de haber cometido un ilicito o delito. Sólo se les aplicaba medidas de protección a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).

En el marco del estudio del proyecto que rebaja los quórum para modificar, aprobar o derogar leyes orgánicas constitucionales, existen posturas que buscan establecer ciertas excepciones.