En la especie, existe un proceso judicial pendiente respecto del automóvil, lo que impide que mediante una acción cautelar se pueda ordenar su devolución.
La iniciativa busca incorporar un mecanismo que permita, además de un escrutinio transparente de la gestión, la realización de acciones propositivas desde los territorios, estimulando la descentralización y la elaboración política colectiva.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció frente a la legislación de Bulgaria que permite la vigilancia encubierta ¿Qué lecciones se derivan de esa decisión para Latinoamérica?
Los reclamantes, un grupo de vecinos de Constitución, recurrieron al Tribunal luego que el director ejecutivo del SEA rechazara, a través de una resolución, el recurso administrativo que habían interpuesto contra la RCA que calificó favorablemente el proyecto, pues no se habrían considerado debidamente las observaciones ciudadanas formuladas en el procedimiento de evaluación ambiental de la iniciativa.
El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia que rechazó la demanda, al considerar que le correspondía al demandante notificar a la aseguradora la incorporación del menor a la póliza, cuando es una obligación de la empresa contratante.
La Comisión de Mujer y Equidad de Género respaldó en general el texto -que responde a una moción de parlamentarias y a un mensaje- que avanza en un mecanismo permanente, expedito y efectivo que asegure el pago de la obligación parental. La instancia abrió un breve plazo para recibir indicaciones y perfeccionar la norma.
Se trata de una iniciativa que busca sistematizar todos los delitos denominados de «cuello y corbata», sancionando con cárcel la colusión, la extracción ilegal de aguas y lavado de activos, entre otros.
El imputado desde su domicilio y por medio de la cuenta de Instagram confesiones_institutodelmar22, realizó una serie de amenazas serias y verosímiles, a la directora y docentes del Instituto del Mar de Iquique, en las que exigía que un grupo de alumnos que se encuentran suspendidos y en proceso de expulsión –incluido él– fueran reintegrados al establecimiento.
El requirente alega que se le aplica una sanción de forma automática que ignora sus circunstancias particulares, afectando gravemente sus garantías constitucionales.
El derecho a la vida posee rango constitucional y es mayor en jerarquía a las normas de financiamiento invocadas por las recurridas.
