El acusado fue sorprendido por las cámaras de vigilancia del sector manipulando una pistola en la vía pública, y al avistar la presencia de Carabineros arrojó el arma a un inmueble, al cual, la policía ingresó inicialmente sin autorización del dueño al estar en presencia de un delito flagrante.

La requirente estima que la limitación a su derecho al recurso produce diversos efectos inconstitucionales.

El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso y propiedad privada.

La naturaleza de los ilícitos por los cuales se ha formalizado la investigación, en especial la calidad de civiles de las víctimas, conducen a establecer que debe aplicarse el régimen cautelar ordinario, previsto en el artículo 150 del Código Procesal Penal y no el excepcional que pretenden los recurrentes, refiere el voto en contra.

El sumario administrativo puede sancionar o absolver al funcionario, por lo que la inhabilitación sería una sanción previa que vulnera sus derechos.

El pronunciamiento se dio tras el anuncio de la Corte de que estudiaría una solicitud para declarar legal el matrimonio igualitario. El gobierno puso énfasis en la necesidad de que la Corte rechace la petición, para así salvaguardar las tradiciones culturales y religiosas del país, dado que el legislador ha señalado expresamente que el matrimonio solo puede celebrarse entre personas de distinto sexo.

El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.

El proyecto considera pensiones de $160.000 para los hijos e hijas menores de 18 años de víctima de femicidio consumado.

Corresponde distinguir entre el error excusable y el inexcusable. Para que el error médico sea inexcusable y, por lo tanto, comprometer la responsabilidad del profesional por culpa, el yerro debe ser objetivamente injustificable para un profesional de su categoría o clase (ej.: especialista).

De igual modo debe ejercer las funciones y atribuciones que correspondan al SENAME en aquellas materias relativas a la línea de acción, Oficinas de Protección de Derechos (OPD).