El daño es consecuencia de la errónea elección del método empleado para enfrentar el parto, defecto que se tradujo en lesiones que hasta cuatro años después no habían sido solucionadas.

La voluntad del legislador expresada en la Ley 21.093 hace obligatoria y vinculante para los Alcaldes o sostenedores la evaluación que el inciso tercero del artículo 72 bis del Estatuto Docente impone para emitir el pronunciamiento sobre el cese de funciones del personal docente municipal por la causal de salud irrecuperable o incompatible.

El ente contralor explicó que no se ha tomado razón de ningún acto que entregue funciones de policía a los cuerpos de seguridad ciudadana de las municipalidades.

La Corte Suprema señaló que, apareció de manifiesto que la sentencia recurrida no acató lo dispuesto en las disposiciones transcritas al negar que el actor tuviera derecho a la indemnización de los perjuicios causados.

La madre del infante fue condenada a cuatro años y siete meses de prisión por maltratar tanto a la víctima como a su otro hijo menor.

El recurrente estimó que se vulneró las garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2, 9 y 24.

La Corte Constitucional señaló que, en una acción de incumplimiento, solamente le corresponde velar por la observancia del señalado marco delimitador de la actuación de los poderes públicos, pero no tiene atribución para interferir con el referido margen de discrecionalidad operativa.

La Magistratura Constitucional manifestó que, respecto del juicio de sobreviniencia, se demostró que se está ante una nueva crisis global de salud pública de origen epidemiológico y/o de procesos ambientales y de base zoonótica.

Además regula el monitoreo telemático en la legislación.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.