El Servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley N° 20.084, de responsabilidad penal adolescente. El servicio debe desarrollar programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de los adolescentes y a la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia.

El requirente alegó que el precepto legal impugnado contradice la Constitución en cuando concede el recurso de apelación contra la resolución que niega el desafuero, vulnerando además el debido proceso.

El derecho administrativo concede una serie de recursos para la impugnación de dichas decisiones, por lo que la vía cautelar/urgencia resulta inidónea. Ello, sin perjuicio, de que puedan impugnarse en un juicio de lato conocimiento, ante la ausencia de procedimiento contencioso.

El imputado circulaba por la vía pública con un televisor robado oculto con una frazada, cuando advirtió la presencia de los agentes e intentó huir, acto que autorizó a la policía a efectuar un control de identidad en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 12 de la Ley Nº20.931.

Se han llevado a cabo dos operativos policiales en forma paralela que han dejado hasta el momento decenas de detenidos y una gran cantidad de allanamientos, en distintas ciudades de Brasil. En caso de ser declarados culpables arriesgan hasta 12 años de cárcel.

La requirente estima que las normas impugnadas producen, entre otras consecuencias inconstitucionales, su total indefensión procesal.

El acreedor aceleró el cobro de la deuda según los términos facultativos de la respectiva cláusula, demorando más de un año en notificar al ejecutado, por lo que la acción de cobro prescribió según lo establecido en el artículo 98 de la Ley Nº18.092, sin que resulte aplicable en la especie lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº21.226.

Se aplica la Ley 19.886 y su Reglamento en las contrataciones efectuadas con dichos recursos, sin distinguir su fuente. También dictaminó que los Directores y Secretarios Ejecutivos de las Corporaciones Municipales, deben efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, y son sujetos pasivos de la Ley del Lobby.

Las clases se iniciarán el 27 de abril de 2023 y se realizarán en modalidad híbrida.

El requirente alega que las disposiciones legales cuestionadas, de ser aplicadas, comprometen su derecho a defensa, debido proceso y transgreden la Convención Americana de Derechos Humanos.