El fallo sostiene que, respecto de la petición de la recurrente sobre su reincorporación, no hay un acto ilegal o arbitrario, pues el asunto fue previamente conocido en sede jurisdiccional.

La recurrente alega que no recibió una carta certificada notificando su destitución, por lo que no puedo defenderse adecuadamente en el proceso.

Los actores están siendo investigados por sacar tres contenedores sin contar con la documentación.

La iniciativa sostiene que es necesario implementar una política que promueva un cambio en los hábitos, disminuya la generación de desechos y promueva una cultura sustentable.

El abogado José Luis Sariego Morillo afirma que cuando una ideología o perspectiva ideológica desprecia, ignora, desmerece o insulta a otro ser humando o grupo de seres humanos por su raza, edad, sexo, etnia, pensamiento político, religión, cultura, etc. es que esa misma perspectiva rechaza el mejor instrumento que la humanidad se ha dado a sí misma en toda su Historia: La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El actual estado de catástrofe está pensado para desastres naturales y es insuficiente para enfrentar futuras crisis sanitarias.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó el pago $20.000.000 por concepto de daño moral, y la revocó en la parte que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por daño emergente y, en su lugar, la acogió, condenando al demandado al pago de $8.481.615 por dicho concepto.

La demandada mantenía la conducta reiterada de no cumplir en tiempo y forma la obligación previsional, luego de efectuado el descuento.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la reclamada, que dio por proveída la información solicitada a la Subsecretaría del Medio Ambiente.

A su vez, la reprogramación es una modificación consentida de las condiciones del mismo crédito.