La resolución señala que es necesario sancionar a quienes cometen delitos a rostro cubierto, pues son los principales responsables de la crisis de seguridad pública que se vive en el país.
El requirente alegó que retener dichos dineros a través de un embargo vulnera las garantías fundamentales de los alumnos de dicho establecimiento.
El órgano recurrido argumentó que, debido al tiempo transcurrido desde el otorgamiento de la posesión efectiva, la rectificación debía hacerse judicialmente, sin embargo, la ley lo faculta expresamente para enmendar administrativamente los errores manifiestos.
En este caso no existe certeza acerca de la muerte del padre del titular de los fondos, por lo que no corresponde la entrega de estos a título de herencia a los hermanos.
La actora tiene el título de ingeniera y en la empresa la categoría de Técnico Titulado Superior. El varón la categoría profesional de Técnico Grado Medio, pero percibe una mayor retribución que la demandante pese a que ésta tiene más antigüedad. Se ordenó el cese de tal comportamiento empresarial por discriminatorio y contrario al principio de igualdad. Además, se la condenó al pago de una indemnización de 13.000 euros.
Los requirentes alegaron que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.
Al poner término anticipado al contrato de seguro, la aseguradora no respetó la propia manifestación de voluntad de los contratantes, que convinieron otorgar un plazo de 15 días corridos para pagar la deuda contados desde el aviso de cancelación del contrato.
Informar una deuda y advertir la posibilidad de ejercer acciones legales o publicar la misma, no resulta contraria al ordenamiento jurídico.
La ciudadanía ha manifestado un malestar generalizado ante diversas situaciones en las que los parlamentarios son percibidos como personas que cuentan con privilegios.
En el caso concreto solo existió identidad de sujetos y de materia, por lo que no vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de no ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.
