Resulta extremadamente grave que por medio de una sentencia judicial deba recordársele a una Casa de Estudios Superiores como la Universidad de Concepción, conceptos básicos en materia de Derechos Fundamentales como la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

El amparado ha consolidado su residencia en el país, a través de actividades remuneradas, como consta del certificado de cotizaciones, como también cuenta con arraigo familiar junto a su cónyuge y dos hijos, lo que demuestra que durante su estadía se ha dedicado a actividades exentas de reproche.

Contingencia profesional es la situación motivada por una insuficiencia derivada del servicio. Se contrapone así a la contingencia común, que es la situación derivada de accidente o enfermedad común. Pues bien, la prueba practicada ha dejado claro que la baja temporal en el servicio que padece la actora tiene su causa en una “contingencia profesional”, y no en “enfermedad común”.

En el evento de materializarse la detención, será compelido a la presencia judicial para los efectos de realizar una diligencia que no puede tener la aptitud de restringir o afectar sus garantías fundamentales.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que sólo beneficia a una de las partes del juicio al negar el derecho al recurso.

No debe perderse de vista que este tipo de políticas de diálogo resultan necesarias en el actual modelo constitucional, donde la inclusión, la proscripción de la discriminación y la procura del bienestar permitan la adopción de nuevas medidas que no estigmaticen de forma radical a ningún ciudadano ni grupo poblacional; sino todo lo contrario, alcancen la paz social, nuevo derecho implícito que emerge del cuadro de principios y valores de nuestra Constitución.

Que la víctima admire a su marido profesionalmente en ningún caso permite descartar la versión de la víctima, ya que, por distintas razones, hay víctimas que también tienen nobles emociones a sus agresores.

Al proveer la demanda y decretar la rendición de cuentas, el tribunal de primer grado privó al demandado de cualquier defensa posible durante el juicio declarativo de marras.

Los actores no pudieron demostrar un nexo causal entre las compañías y el trabajo infantil en las minas. Para el juez del caso, comprar cobalto de proveedores extranjeros no era motivo suficiente para responsabilizar a las demandadas por el trabajo infantil en la RDC.

Los actos para forzar a los agentes del Estado a realizar actos de represión, son delitos comunes, por ende, prescriben según las reglas que les son propias. Asimismo, la magistratura estimó que los demandantes no fueron capaces de acreditar los abusos y maltratos denunciados que acusaron sufrir por parte de sus superiores en el Ejército.