Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Corte Suprema incurrió en una violación directa de la Constitución, por desconocimiento del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y a la norma que incorporó en Colombia la figura del bloque de constitucionalidad.

La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, el hecho que la sanción administrativa conlleve una sanción pecuniaria no la transforma per se en una falta penal.

Los plazos estuvieron suspendidos desde el 17 de marzo de 2020 al 20 de mayo de 2020.

Colombia estaría espiando a periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos.

El objetivo principal del proyecto ingresado es evitar la comisión de estos delitos en tiempos de pandemia o catástrofe.

Los recurrentes estimaron vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

La sentencia recurrida consideró que la prueba ahora anulada era lícita puesto que sirvió para constatar que el demandante realizaba actividades profesionales como abogado durante su jornada de trabajo.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.

La Magistratura constitucional adujo que la ausencia del debido emplazamiento para demostrar la indefensión es un asunto que corresponde al juez de la instancia verificar, constituyendo, por lo tanto, un asunto de mera interpretación legal.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras constatar que la oficina regional de la recurrida ha adoptado las medidas de resguardo tendientes a velar por la salud de los funcionarios.