La recurrida tampoco acreditó razones para autorizar dicho acceso ni para exigir que se le remita copia de los registros.
Al haber culminado el proceso administrativo con la resolución de término, la etapa recursiva no forma parte de éste, erigiéndose como una tramitación distinta e independiente del período inicial.
No existió ninguna animadversión o sesgo personal evidente por parte de ningún miembro concreto del Consejo que pudiera poner en duda su independencia e imparcialidad.
No existe una disconformidad entre la voluntad real de las partes y la declarada en la escritura pública, pues efectivamente ha existido un desplazamiento patrimonial desde la demandada hacia el demandado.
Nadie puede ser obligado por un contrato en que no ha intervenido y prestado su consentimiento, ni sufrir las consecuencias negativas del incumplimiento en el que no ha tenido intervención.
La demandante solicitó una declaración de mera certeza.
Cuando se solicitan medidas cautelares no es necesario que se hayan agotado los recursos internos.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la institución recurrida al autorizar la modificación, vulnerando los derechos de los afiliados.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al acoger la acción.
El máximo Tribunal estableció error de derecho al rechazar la solicitud del acreedor Banco Itaú-Corpbanca y excluir del procedimiento el crédito con garantía estatal del que es titular.
