El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, que condenó a Entel a pagar a la demandante la suma de $66.173.333, por los trabajos impagos, y descartó la indemnización de perjuicios solicitada.
El Tribunal descartó actuar arbitrario de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes al aplicar a la empresa una multa de 60 UTM, más el pago de las costas de la causa, por incorporar cláusulas que no entregan certeza de las funciones ni el lugar donde desarrollarán las tareas los empleados.
El Tribunal de alzada desestimó la procedencia de la acción constitucional, al no configurarse ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la resolución judicial impugnada ni existir perjuicio o amenaza a alguna garantía fundamental del amparado.
En fallo unánime el máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.
El Tribunal de alzada rechazó íntegramente el reclamo de ilegalidad deducido por Transelec y descartó infracción de ley en la resolución sancionatoria que calificó las infracciones detectadas como graves y gravísimas.
Esta semana se darán cita en Puerto Montt representantes gremiales de todo el país junto a prestigiosos académicos nacionales e internacionales para discutir el futuro de la abogacía en Chile.
La Comisión de Constitución respaldó la idea de legislar de una iniciativa originada en dos mociones refundidas presentadas por los senadores Alfonso De Urresti, David Sandoval y Alejandra Sepúlveda, entre otros.
La buena fe permite a la consumidora confiar en la veracidad de la información entregada por el Banco y sus dependientes, por lo que resulta entendible que haya firmado una promesa de compraventa a instancias de lo comunicado por su ejecutivo, que garantizó vía correo la aprobación de un crédito hipotecario.
El artículo 543 del Código de Comercio establece que toda controversia entre el asegurado, contratante o beneficiario con el asegurador, debe ser conocida por un juez árbitro designado por las partes o, a falta de acuerdo, por la justicia civil ordinaria.
Su artículo 37 establece que la cobranza extrajudicial no puede considerar el envío de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación cobrada; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean hábiles; y demás conductas que afecten la privacidad de las personas.
