El máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada.
La Corte de Santiago estimó que el acto administrativo impugnado carece de fundamentación suficiente.
No se advirtió de la descripción fáctica del libelo hechos que pudieran constituir afectación a derechos que se encuentren protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal confirmó sin modificaciones la sentencia recurrida, que descartó actuar arbitrario de las recurridas y, además, estableció que el recurso de amparo no es la vía idónea para denunciar eventuales irregularidades en el cumplimiento de los protocolos para disolver manifestaciones.
El Tribunal de alzada ordenó a la policía abstenerse de emplear sustancias químicas, en tanto no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente, que garantice la vida y la salud de las personas.
El Tribunal de alzada desechó, además, la solicitud de implicancia planteada por el querellante en contra de juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que no dio lugar a la querella.
En la resolución, la ministra acusó a Felix Alexis Calderón Leiton, como autor del delito de cohecho, en tanto, Antonil Sergio Velásquez Vigueras enfrenta acusación por soborno. Ilícitos que se habrían cometido en la relación entre la División de Mantenimiento del Ejército y la empresa Anpever (o Turra y Pino).
El documento indica que «se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos», y frente a esto, presenta una un total de 21 recomendaciones al Estado chileno.
Corte estimó que no procede acción de amparo frente a una privación legal de libertad.
El recurrente estimó vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 en el numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.
